Concordar y dar coherencia a las leyes relacionadas al marco de protección de la niñez y adolescencia es el objetivo del proyecto de ley (boletín 15.351) aprobado por la Sala de la Cámara y remitido a tercer trámite al Senado.
La iniciativa armoniza las leyes N° 20.032, que regula el régimen de aportes financieros del Estado a los colaboradores acreditados; N° 21.302, que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia y N°21.430, sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia.
Todo ello con el fin de asegurar la operatividad y adecuado funcionamiento de la nueva institucionalidad que reemplazó al Servicio Nacional de Menores, para garantizar el ejercicio efectivo y el pleno goce de los derechos de niños, niñas y adolescentes (NNA).
En particular, el texto impulsado por el Ejecutivo, perfecciona funciones, actuaciones y procedimientos administrativos del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, y corrige problemas detectados en su primer año de funcionamiento.
Cambios incorporados en la Cámara
Durante este segundo trámite constitucional, la Cámara incorporó alrededor de 40 enmiendas al texto aprobado por el Senado en marzo de 2025.
Entre estas, destaca la incorporación del Ministerio Público como institución del Sistema de Garantías, lo cual facilita y amplía la posibilidad de celebrar convenios para compartir información de NNA.
Además, se propone un régimen de prohibiciones e inhabilidades para ser funcionario de las Oficinas Locales de la Niñez. De este modo, se prohibe el ingreso de personas inhabilitadas para trabajar con NNA o con condenas por delitos que pongan de manifiesto la inconveniencia para la atención directa de menores.
En otra materia, el texto incorpora la participación de representantes de la sociedad civil, a nivel comunal, en las mesas de articulación interinstitucional. Estos organismos tienen como función revisar el funcionamiento del Sistema de Garantías y Protección de la Niñez y Adolescencia en el nivel territorial.
Atención del Servicio de Protección
Otro punto, impulsado por las y los diputados durante el debate, se aprobó que en la atención del servicio a jóvenes de hasta 24 años, que se encuentren bajo cuidado alternativo mientras continuan sus estudios, se incorpore a quienes “voluntariamente continúan con su proceso de transición a la vida independiente, ya sea por continuidad de estudios o habilitación para su proceso de independencia económica“.
Por otra parte, se faculta al Director Nacional del Servicio para realizar y promover acciones de difusión y sensibilización en materia de acogimiento familiar y adopción. En especial, para abordar los beneficios y desafíos asociados a acoger o adoptar a niñas y niños de mayor edad, y pertenecientes a grupos de hermanos o con necesidades especiales.
Por último, destaca también una mejor regulación hacia los organismos colaboradores, definiendo requisitos para su acreditación o reacreditación. Igualmente, normas de evaluación y del proceso de transferencia de recursos, entre otros.
Trascendencia de la normativa
En el debate, tras el informe rendido por la diputada Carla Morales, intervinieron la diputada Ana María Bravo y el diputado Juan Carlos Beltrán.
Bravo afirmó que este es uno de los proyectos más urgentes de aprobar porque armoniza normas fundamentales para la protección de niños que, por diversos motivos, requieren el resguardo del Estado. En esa línea, destacó que se avance en un marco normativo claro que permite la coordinación de los distintos actores del sistema. Por ello, hizo un llamado al próximo gobierno a acompañar esta normativa con recursos económicos y capacidades institucionales.
Beltrán, en tanto, relevó las facultades de fiscalización otorgadas a la Subsecretaría de la Niñez y su rol rector. Al respecto, que pueda actuar ante incumplimientos y establecer medidas para garantizar los derechos de los menores. También valoró que el enfoque general del sistema es promover que niñas y niños vuelvan a sus familias de origen o queden con familias de acogida, antes de optar a la internación en una residencia.