El Congreso Nacional celebró el Día Internacional de las Personas con Discapacidad mediante una ceremonia oficial y un coloquio efectuado en la Biblioteca del Congreso (BCN) en Valparaíso. La actividad fue organizada por la Presidencia del Senado, la Presidencia de la Cámara de Diputadas y Diputados y la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con el apoyo de la BCN y su Programa de Inclusión.
En la oportunidad, parlamentarias y parlamentarios, junto a representantes de organismos internacionales, suscribieron un compromiso político para avanzar en el reconocimiento pleno de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en Chile.
En tal plano, la declaración reafirma que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es un tratado vinculante que obliga al Estado a reconocer a todas las personas con discapacidad como sujetos plenos de derechos.
Ejes compromiso por discapacidad
El acuerdo contempla cinco ejes principales. El primero consiste en impulsar el proyecto de ley que crea un Estatuto de Facilitadores y Asistentes. Este establece un nuevo procedimiento de interdicción para personas dementes y modifica el Código Civil y otros cuerpos legales (boletín 14783).
En segundo lugar, el compromiso busca avanzar hacia el fin de la sustitución de la voluntad, promoviendo un marco legal alineado con el artículo 12 de la Convención que permita a todas las personas ejercer su capacidad jurídica en igualdad de condiciones.
El tercer eje se centra en la armonización legislativa y de políticas públicas, promoviendo reformas que garanticen autonomía, accesibilidad y toma de decisiones informadas.
El cuarto eje destaca la participación activa de las personas con discapacidad y sus organizaciones en los procesos de reforma legal que las afecten, bajo el principio de “nada sobre nosotros sin nosotros”.
Finalmente, el quinto reafirma un compromiso ético y político para avanzar hacia un país más inclusivo y justo, convocando a los tres poderes del Estado, la academia, la sociedad civil, la cooperación internacional y el sector privado.
El documento fue firmado por la diputada Yovana Ahumada, presidenta de la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad de la Cámara de Diputadas y Diputados, Jaime Sáez, representante del distrito 26, región de Los Lagos, la senadora Paulina Núñez, presidenta de la Comisión de Constitución del Senado y la senadora Fabiola Campillai, presidenta de la Comisión del Adulto Mayor y Discapacidad.
Visión diputados
La diputada Ahumada destacó el compromiso transversal para avanzar en el reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Este compromiso busca garantizar que las decisiones de estas personas no se vean limitadas por procedimientos administrativos, permitiéndoles participar plenamente en la vida política, social y en la gestión de sus recursos, subrayó.
Ahumada dijo que, aunque algunas personas presentan discapacidades sensoriales o físicas, poseen capacidad cognitiva para tomar decisiones. Pero, actualmente, enfrentan restricciones. En ese sentido, citó casos de profesionales ciegos y personas mayores con discapacidad que han visto limitada su autonomía y capacidad de administrar sus bienes.
Por su parte, Jaime Sáez destacó que, desde su bancada, han presentado un proyecto de ley para avanzar en la inclusión laboral de personas con discapacidad. Al respecto, señaló que la ley vigente es insuficiente ya que establece solo un 1% de inclusión y depende de que el 80% de las empresas privadas cumplan, lo que limita su efectividad.
El proyecto busca equiparar la cancha con países de democracias avanzadas, estableciendo un piso del 3% de forma gradual, con apoyo a pequeñas y medianas empresas, garantizando oportunidades laborales dignas en lugar de obstáculos. Sáez señaló que fenómenos como la Teletón evidencian tanto la solidaridad de la sociedad como las brechas que no se abordan de manera estructural.