Actualmente, 1.144.354 adultos mayores tienen inmuebles exentos del pago del Impuesto Territorial. Otros 189.644 acceden al beneficio tributario que implica una rebaja del 50% o 100% en el pago de contribuciones. Sin embargo, un vacío regulatorio no considera la hipótesis que estas personas queden fuera del sistema por el aumento del avalúo de sus inmuebles.
Para hacerse cargo de esta situación y respondiendo a numerosos llamados desde la Cámara, el Gobierno presentó un proyecto (boletín 17933) que hoy aprobó la Comisión de Hacienda de la Corporación. La propuesta perfecciona el mecanismo para evitar que el incremento del avalúo de los inmuebles los expulse del beneficio.
El sistema operará así:
- Cuando la persona se encuentre en el tramo exento de ingresos (13,5 UTA), pero el avalúo de su inmueble sea mayor al límite legal, el monto de la contribución será el equivalente al 5% de sus ingresos.
- Si la persona se encuentra en el segundo tramo de ingresos (13,5 a 30 UTA), el monto del impuesto a pagar será el valor inferior entre el 50% de la contribución determinada según la ley y el 5% de sus ingresos.
Adicionalmente, se corrige la situación que expulsa a adultos mayores, cuando son copropietarios con personas distintas del cónyuge, como los hijos. En este caso, se aplicará el cálculo a lo que le corresponde como copropietario. La salvedad estará en casos en que el contribuyente habite el inmueble respectivo y lo posea a título de usufructuario o comunero en conjunto con su hijo o hijos menores de 24 años y estos se encuentren estudiando o no generen ingresos. En tal evento, tendrá derecho a gozar de la totalidad del beneficio.
Costo por menores ingresos del impuesto territorial
Las cifras indican que cerca de 119.000 personas, que actualmente no tiene el beneficio de adulto mayor (BAM), podrían ser favorecidas de este nuevo instrumento. Frente a dicho universo potencial de beneficiarios se espera una menor recaudación de alrededor de $42 mil millones. Lo anterior afectará a las municipalidades donde se hace el pago y al Fondo Común Municipal (FCM).
Como forma de compensación, el proyecto considera mayores aportes al Fondo Común Municipal (FCM) de dos comunas: Las Condes y Lo Barnechea. Respecto del impuesto territorial, Las Condes pasaría a aportar de un 65% a un 70%, y mantendría su aporte de 65% por efecto de patentes comerciales. Lo Barnechea entraría a traspasar un 65% del impuesto territorial y un 55% de los ingresos por patentes comerciales.
Los cambios anteriores se irían implementando a razón de un incremento de cinco puntos porcentuales por año. Lo anterior implica que el mayor aporte en régimen sería al tercer año, en el caso de Las Condes, y en el año décimo tercero, para Lo Barnechea.
Discusión en la comisión
Previo a la votación, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, expuso un grupo de indicaciones para ampliar el universo de beneficiarios. Una de ellas fue el caso de los copropietarios mencionada más arriba. Otras modificaciones redujeron los aportes de las dos comunas citadas, de modo que calzaran las cifras con el costo real del beneficio tributario (originalmente, el aporte excedía en forma amplia el costo de la medida).
En las votaciones, el grupo parlamentario aprobó, unánimemente, el conjunto de normas relacionadas a la rebaja del impuesto territorial. En general, todos estimaron pertinente la rebaja, en línea con lo solicitado previamente.
Sí hubo inquietud respecto de una norma que posterga el reavalúo al 2027, que se aprobó. En particular, se recordó que la materia debía incluirse en la ley de reajuste, propuesta que estaría por ingresar a trámite en las próximas semanas. Según aclaró el ministro, la disposición se eliminaría de este proyecto de ley una vez que se despache el reajuste del sector público.
Ahora, lo que generó más debate fue el tema de la compensación por parte de las comunas de Las Condes y Lo Barnechea, pese a la rebaja de los porcentajes. Los diputados de RN, UDI y Partido Republicano la estimaron injusta y plantearon que, por ejemplo, el mayor cargo debió aplicarse a más comunas. Diego Schalper, de hecho, hizo reserva de constitucionalidad considerando que es un tributo injusto e injustificado.
El proyecto pasó ahora a consideración de la Sala de la Cámara.