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El Senado resolvió rechazar los dos capítulos de la Acusación constitucional presentada por la Cámara de Diputadas y Diputados en contra del exministro de Energía, Diego Pardow.
En doble sesión, se escuchó a la diputada Carla Morales y al diputado Sergio Bobadilla, en representación de la Cámara, quienes formalizaron la acusación presentada y aprobada por esta Corporación el pasado el 19 de noviembre.
Los dos capítulos lo acusaban de infringir la Constitución por “no resguardar el principio de probidad” y vulnerar “los principios de eficiencia y eficacia, ocultándose información de cara a la ciudadanía” respecto del error de cálculo que afectó la fijación de tarifas eléctricas.
Las y los senadores rechazaron ambos capítulos. El primero recibió 28 votos en contra, 17 a favor y una abstención; mientras que el segundo tuvo 21 votos en contra, 21 a favor y 3 abstenciones. Con esta votación se da por rechazada la acusación presentada contra la exautoridad.
En las posturas que fundamentaron sus votos, las y los senadores plantearon que el exministro no actuó en contra de lo estipulado en la Constitución y las leyes. Añadieron que pese a realizar lo que se catalogó como una gestión ineficiente, no se le puede atribuir la responsabilidad por lo obrado por un órgano técnico autónomo. Quienes apoyaron el libelo consideraron que el error tarifario afectó a millones de personas y cuestionaron el silencio que tuvo Pardow sobre este hecho.
Pertinencia acusación a Pardow
En la primera parte de la sesión, y tras la relación efectuada por el Secretario General del Senado, expusieron los legisladores designados por la Cámara para fundamentar los dos capítulos de la acusación.
La diputada Carla Morales recalcó que en el apartado inicial de la acusación se esbozan las principales exigencias de toda acusación. Refutó lo planteado por la defensa respecto a que el libelo no está basado en causales precisas. Por el contrario, sostuvo que el carácter de última ratio se vincula a la gravedad del hecho por el cual se acusa a Pardow. Estos hechos, añadió, son graves porque redundaron en un perjuicio económico para miles de familias y usuarios, que vieron incrementado el servicio eléctrico. Pero, además, porque este error tuvo un efecto inflacionario, ya que el alza del costo de la electricidad afecta el IPC.
Carla Morales dijo que la acusación busca perseguir una responsabilidad jurídico constitucional. En ese sentido, agregó, la última ratio no significa que solo pueda ser formulada después de aplicar otros mecanismos. Al respecto, afirmó que la Constitución Política no establece un orden de prelación para ejercer estos mecanismos y esa sería una interpretación antojadiza.
Ocultar información
Por su parte, el diputado Sergio Bobadilla abordó la acusación referida a ocultar información sensible a la ciudadanía. Sobre el punto, dijo que Pardow actuó como un mero observador manteniendo reserva de un grave error por más de un año.
Enfatizó que hubo un incumplimiento del deber de probidad, eficacia, eficiencia y el deber sustantivo de transparencia que se exige en el ejercicio de funciones públicas. Asimismo, que infringió el deber de probidad, al dar preeminencia al interés particular por sobre el general.
El diputado criticó que la defensa plantee que una vez conocido el error el exministro Pardow hizo que las instituciones competentes funcionaran. A su juicio, el exministro no hizo nada; ni siquiera informar este error a la ciudadanía. Añadió que sostener que no se quería provocar “alarma pública (…) es un insulto para los chilenos”. Puntualizó que el exministro de Energía se atribuyó facultades que no tenía, al decidir, sin consultar a otras autoridades del gobierno, si este hecho era o no de interés nacional.
Defensa exministro Pardow
Por parte de la defensa, el abogado Francisco Cox insistió que esta acusación es inédita en muchos aspectos. Planteó que es la primera vez que el acusado debe responder por materias ajenas a los contenidos en la acusación, así como que se pretenda arrastrar a la familia, con hechos que, además, serían falsos.
También dijo que es inédito que ninguno de los expertos invitados a la comisión revisora entregaran argumentos para aprobar esta acusación.
Añadió que en el capítulo primero se hizo un esfuerzo por establecer criterios, pero al momento de aplicarlos no satisface los estándares jurídico constitucionales de una infracción a la Constitución ni a las leyes. Tampoco se establece qué interés particular se hizo prevalecer por sobre el general.
Así también, Cox expuso que la última ratio no tiene que ver con la gravedad del perjuicio o los montos involucrados sino con la gravedad de la infracción constitucional. Desde la defensa, del mismo modo, se cuestionó que se pretenda con esta acusación que un ministro no respete un procedimiento reglado ni el trabajo de un organismo técnico como la Comisión Nacional de Energía.