Por 59 votos a favor, 38 en contra y 19 abstenciones, la Sala de la Cámara aprobó en general un proyecto (boletín 16346) que elimina las multas por circular sin Tag en autopistas concesionadas. Sin embargo, por ser objeto de indicaciones, la propuesta volvió a su comisión técnica.
Actualmente, en la Ley de Tránsito se define que en los caminos públicos en que opere un sistema electrónico de cobro de tarifas o peajes, sólo podrán circular los vehículos que estén provistos de un dispositivo electrónico habilitado u otro sistema complementario que permitan su cobro.
Además, la norma establece una multa de una UTM y se califica la acción como infracción grave. Es sobre esta disposición que el proyecto actúa, eliminándola.
Cabe mencionar que, originalmente, la moción que dio origen a esta iniciativa instaba a la eliminación completa del artículo en cuestión. Sin embargo, en la Comisión de OOPP, Transportes y Telecomunicaciones se optó por solo restar la multa.
Adicionalmente, en forma consecuente a lo anterior, se elimina la referencia a la multa por día calendario. Ella impedía aplicar más de una multa por infracciones a esta causa en un mismo día.
Debate sobre el proyecto del TAG
A través de diversas sesiones, expusieron Jaime Mulet, impulsor de la iniciativa, Eduardo Durán, Camila Musante, Cristián Araya, Félix González, Johannes Kaiser, Alberto Undurraga, Francisco Undurraga, Bernardo Berger, Daniel Lilayu, Hotuiti Teao, Ana María Gazmuri, Luis Sánchez, Claudia Mix, Gaspar Rivas, Jorge Rathgeb y Marisela Santibáñez.
En el debate, se sostuvo que la norma vigente genera deudas excesivas para los conductores. Principalmente, porque las sanciones pueden superar en varias veces el costo original del peaje. Actualmente, se indicó, la multa alcanza hasta 70 mil pesos, incluso cuando el cobro del tránsito por la autopista es menor.
Además, se estimó que las concesionarias podrán seguir cobrando las tarifas adeudadas mediante mecanismos administrativos, sin que esto derive en sanciones económicas adicionales para los conductores. Igualmente, surgieron cuestionamientos a los contratos del Estado con las concesionarias y a la falta de fiscalización.
Por otra parte, hubo voces en contra de la iniciativa. Consideraron la propuesta como populista, pues, una obligación sin sanción, no es obligación, recalcaron. Junto a esto, evaluaron que se fomentaría la evasión del pago. A su vez, expresaron reparos sobre el impacto que esta medida tendría en el financiamiento del sistema de concesiones, que es fundamental para la infraestructura vial del país.