La Comisión de Agricultura continuó revisando la implementación de la Ley 21.600, que establece el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. La discusión está centrada en la participación local en el reconocimiento de sitios prioritarios para la conservación y sus eventuales efectos sobre las actividades productivas del país.
Durante la sesión, el subsecretario del Medio Ambiente, Maximiliano Proaño, explicó que los sitios prioritarios se reconocen desde 2002 dentro de la estrategia nacional y regionales de biodiversidad. Precisó que, actualmente, existen cerca de 350 sitios identificados y la nueva ley busca ordenar esta dispersión mediante un proceso de planificación ecológica regulada en el artículo 28 de la ley.
Aclaró, asimismo, que no se están creando nuevos sitios prioritarios, sino reorganizando los ya existentes. Para ello, se elaboró un listado de 99 áreas seleccionadas con criterios de representatividad, conectividad e integridad ecológica.
Por su parte, la jefa de la División de Recursos Naturales y Biodiversidad, Daniela Manusevich, destacó que esta metodología permitirá duplicar de 6 a 12 los ecosistemas que cumplen estándares internacionales de conservación. De esa manera, se consolida una planificación ecológica basada en evidencia científica.
Preocupación por efectos del SBAP
La comisión también escuchó a Federico Errázuriz, gerente de Políticas Públicas de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA). Este advirtió que los reglamentos asociados a la Ley 21.600 remiten a guías técnicas o instrumentos futuros, lo que genera incertidumbre regulatoria para los propietarios de predios.
Errázuriz expresó, además, su preocupación por el alcance territorial del listado. Este contempla 99 áreas que son equivalentes a 4 millones de hectáreas, con una extensión similar a toda la Región de Coquimbo o 1,25 veces la Región de La Araucanía. A respecto, señaló que esto podría afectar directamente actividades productivas tradicionales y se requiere mayor claridad sobre los efectos y mecanismos de implementación. (Revisar presentación SNA)
En esa misma línea, representantes ganaderos de Bahía Lomas, en la Región de Magallanes, plantearon que la incorporación de esta zona como sitio prioritario impactaría a 68 predios ganaderos que son la principal fuente laboral del lugar. Afirmaron que no han tenido acceso a los informes técnicos que fundamentan esta propuesta. A su vez, plantearon que el Ministerio del Medio Ambiente podría estar excediendo las competencias que contempla el artículo octavo transitorio de la Ley 21.600. En particular, porque la citada norma solo permite reconocer sitios previamente definidos y no generar nuevas declaratorias. (Revisar presentación de ganaderos)
Parlamentarios cuestionan implementación
Ante las exposiciones, legisladores (as) de la comisión expresaron preocupación por los posibles impactos territoriales de esta ley. Así, el diputado René Alinco dijo que la normativa no ha fortalecido a las comunidades campesinas ni generado beneficios concretos en regiones como Aysén. En tanto, la presidenta de la comisión, Gloria Naveillan, advirtió que la implementación responde a una visión ambiental demasiado restrictiva, mientras que la diputada Paula Labra cuestionó el uso de bases metodológicas en lugar del reglamento definido en el artículo 29.
Desde el Ejecutivo se precisó que la ley habilita un mecanismo excepcional que permite avanzar en el reconocimiento de los sitios prioritarios mientras se completa la planificación ecológica.
Sobre el punto, la instancia acordó oficiar a la Contraloría General de la República para su pronunciamiento sobre la aplicación del cuestionado artículo transitorio, así como de los plazos reglamentarios. Además, solicitar al Ministerio del Medio Ambiente información sobre los avances en la implementación del SBAP y los mecanismos de participación regional.