La Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara prosiguió con la discusión del proyecto que aprueba el Tratado de Extradición entre Chile y Brasil (boletín 17723). Este instrumento busca reforzar la acción de la justicia penal y actualizar el marco jurídico para así enfrentar los nuevos desafíos que presentan los delitos transnacionales y el crimen organizado.
En la última jornada participaron el director jurídico de la Cancillería, Claudio Troncoso, y el jefe de la División de Cooperación Jurídica Internacional, Luis Felipe Kipreos. Loas personeros presentaron un comparado entre el nuevo tratado con Brasil y el Acuerdo sobre Extradición entre los Estados Parte del Mercosur, Bolivia y Chile, con el fin de destacar las principales diferencias y similitudes entre ambos marcos jurídicos.
El Ejecutivo explicó que el tratado actualiza las causales de denegación, manteniendo la exclusión de los delitos políticos. En este caso, precisando que los delitos terroristas no se considerarán como tales. Además, permite rechazar extradiciones en casos específicos según la legislación interna y amplía a 60 días el plazo para la entrega de personas extraditadas, para lo cual se fijan condiciones claras sobre su ejecución.
Solicitud de reserva y diferencias sobre el tratado
Durante el debate, el diputado Diego Schalper expresó reparos respecto a los artículos 3 y 5 del instrumento internacional. Estos se refieren a la denegación de extradición y la denegación facultativa. Al respecto, solicitó establecer una reserva para aclarar estos puntos. Según explicó, una reserva permite a un Estado ratificar o adherirse a un tratado excluyendo o modificando los efectos jurídicos de determinadas disposiciones.
No obstante, parlamentarios como Alberto Undurraga, Félix González y Nelson Venegas plantearon que no sería posible aplicar reservas en un tratado bilateral, dado que involucra solo a dos países. Aun así, coincidieron en relevar la importancia de aprobar el tratado por su aporte a la cooperación judicial y la modernización de esta.
Frente a esta diferencia de criterios, la Biblioteca del Congreso Nacional presentó un informe. Este precisa que sí es posible establecer reservas en tratados bilaterales, de acuerdo con la práctica internacional y la Convención de Bienes sobre el Derecho de los Tratados.
En consecuencia, la comisión acordó sugerir un planteamiento al Presidente de la República respecto a una posible declaración interpretativa de la aplicación de reservas. Esto con el objetivo de resolver las dudas jurídicas surgidas durante la discusión parlamentaria y así poder avanzar en la tramitación del acuerdo.