La Comisión de Constitución de la Cámara comenzó el análisis del proyecto que busca reformar el sistema político y electoral. La propuesta aprobada por el Senado el pasado 10 de junio, establece nuevas condiciones para la participación y representación en el Congreso Nacional (boletines refundidos 17253, 16820 y 17298).
Entre sus medidas más relevantes, el texto propuesto por el Senado, plantea que diputadas y diputados perderán su escaño si renuncian al partido político por el que fueron electos. Además, fija un umbral mínimo del 5% de los votos válidamente emitidos a nivel nacional para que los partidos accedan a la distribución de escaños en la Cámara. En caso de no alcanzar el mínimo, los escaños se redistribuirán entre los partidos del mismo pacto electoral, en forma proporcional a los votos obtenidos por cada uno.
La iniciativa mantiene la actual inhabilidad para postular al Parlamento que afecta a dirigentes vecinales y gremiales. A su vez, considera una norma transitoria para aplicar en la elección de 2025. En este caso se establece un umbral de 4% para acceder a los cargos y propone un procedimiento más expedito para la fusión de partidos que no logren dicho porcentaje.
Debate parlamentario
Durante la sesión, parlamentarios criticaron la ausencia del Ejecutivo en el inicio del segundo trámite del proyecto. El presidente de la comisión, diputado Jorge Alessandri, señaló que el Ministerio del Interior justificó la inasistencia por las emergencias climáticas que afectan al país. Sin embargo, no hubo información complementaria desde la Secretaría General de la Presidencia.
En cuanto al proyecto, destacó que uno de los problemas del sistema político es la fragmentación del Congreso. Agregó que, lo que se desprende de esta reforma, es mejorar la representatividad del sistema electoral y reforzar la disciplina parlamentaria. Sin embargo, parlamentarios criticaron que el sistema pueda excluir a candidaturas mayoritarias en sus distritos por no alcanzar el umbral nacional.
Otra de las críticas a la norma es que la iniciativa debilita la renovación política, favoreciendo la “partidocracia” y no una representación democrática. También se cuestionó que se legisle en un contexto previo a elecciones sin haber escuchado la opinión de politólogos.
Observaciones Servicio Electoral
A la sesión concurrió la presidenta del Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel), Pamela Figueroa. Ante la comisión entregó antecedentes técnicos sobre el contenido del proyecto. Así, en relación a la asignación de escaños entre distritos, recordó que la reforma de 2015 establecía una actualización tras el Censo de 2022, el cual no se realizó. Indicó que esta materia debería definirse con base al censo de 2024 y aplicarse en 2026.
Sobre el umbral de 5%, señaló que requiere que se complemente con una ley orgánica constitucional que defina las reglas de asignación de los escaños. Por ello, advirtió la importancia de despachar la norma con los tiempos necesarios para evitar vacíos legales que afecten su aplicación en procesos electorales. Además, planteó la necesidad de revisar los requisitos para el financiamiento de partidos.
Sobre el eventual cese de cargos por renuncia a partidos, indicó que se debe establecer un plazo específico para que los parlamentarios y las colectividades informen al Servel. Esto permitiría dar cumplimiento oportuno a la norma. En cuanto a la fusión de partidos, advirtió que se trata de un proceso complejo que requiere participación desde las bases partidarias y una reglamentación clara.