“No recibí” información relativa a la legalidad o inhabilidades aseguró el jefe de gabinete de la Presidencia, Carlos Durán, ante la Comisión Especial Investigadora que recaba antecedentes sobre la compra de la casa del ex Presidente Salvador Allende (CEI 66 y 67).
La comisión busca identificar las responsabilidades políticas tras la fallida compra del inmueble, ubicado en calle Guardia Vieja, comuna de Providencia.
Durán recalcó que la adquisición de la casa buscaba preservar un espacio con alto valor histórico y simbólico para el país. No obstante, reconoció que el proceso podría haber incurrido en deficiencias administrativas y que algunas etapas no se ajustaron plenamente a la normativa vigente.
Ante la pregunta de la diputada Paula Labra, sobre si fue un error este proceso, Carlos Durán aseguró que no, pero que existieron fallas en la forma en que se llevó a cabo. Además, el personero enfatizó que, “personalmente yo no recibí ningún documento que informara sobre los problemas de legalidad o constitucionalidad de este proceso de compra”, por parte de funcionarios de gobierno o terceros.
Responsabilidad política
La comisión investigadora tiene como objetivo determinar si hubo fallas administrativas que deriven en responsabilidades políticas o incluso penales. Por ello, en la sesión se debatió respecto a las posibles vulneraciones constitucionales y a la existencia de informes que alertaban sobre estas irregularidades.
En dicho contexto, el jefe de gabinete del Presidente Boric informó que existe un sumario administrativo en curso, el cual busca determinar eventuales responsabilidades funcionarias.
Irregularidades y sobreprecio
Ante la comisión investigadora también expuso el perito judicial Demetrio Benito Olás, quien presentó su opinión y evaluación técnica sobre la tasación de la propiedad y su contexto de mercado.
El perito dijo que, a su juicio, el monto pagado por el inmueble se encontraba en el rango más alto respecto de otras propiedades similares en la zona. Además, planteó posibles irregularidades en la tasación y deslizó cuestionamientos al procedimiento de adquisición.
Diputados del oficialismo cuestionaron su testimonio. En particular, se hizo ver que la tasación fiscal es generalmente muy menor a la comercial, lo cual justificaría el precio fijado tras diversas tasaciones encomendadas por el Ejecutivo.