Poder Judicial y Gobierno acuerdan financiamiento para segunda fase de la Reforma Laboral
El Poder Judicial tomó conocimiento el martes 15 de julio de 2008 de la decisión del Ejecutivo de poner a disposición de la Corporación Administrativa del Poder Judicial los recursos suficientes para la implementación de la segunda fase de la Reforma a la Justicia Laboral, que se aplicará en distintas regiones del país a partir de octubre próximo.
Según lo informado por el director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, Miguel Sánchez, la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda entregará en los próximos días $ 5.747 millones, recursos que resultan fundamentales para la habilitación de la infraestructura que albergará los nuevos tribunales y los insumos necesarios para su operación en las regiones de Tarapacá, Coquimbo, Valparaíso y Los Ríos, desde el 31 de octubre de 2008.
Según Sánchez, estos recursos sólo son suficientes para la habilitación de los tribunales que serán parte de la reforma en octubre próximo; en tanto, las fases de abril, agosto y octubre de 2009 serán parte de una mesa de trabajo entre Hacienda y el Poder Judicial, para determinar su financiamiento.
“Hemos concordado con el director de Presupuesto y hemos establecido una mesa para seguir trabajando y llegar a los flujos necesarios para las etapas que van a comenzar el próximo año, esto es abril, agosto y octubre”, señaló Sánchez.
Visita del ministro de Justicia
Para refrendar este avance entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, concurrió al Palacio de Tribunales el ministro de Justicia, Carlos Maldonado. El secretario de Estado se reunió por cerca de 30 minutos con el presidente de la Corte Suprema, Urbano Marín, tras lo cual dieron una conferencia de prensa conjunta.
“Estamos trabajando para solucionar el financiamiento de la reforma laboral y en eso están la Dirección de Presupuesto y nuestra Corporación desde hoy. Ahora nos queda a nosotros ver que otros temas nos quedan en la agenda con la idea de mejorar la justicia”, indicó el presidente Marín tras el encuentro.
Asimismo, el titular del máximo tribunal precisó -respecto de la propuesta de que la Contraloría fiscalice los recursos entregados al Poder Judicial- que “los sistemas de fiscalización que sirven para la administración del Estado, como es la Contraloría, no sirven para nosotros por dos razones: porque la Contraloría está trabajando con la administración del Estado y porque, además, establece un control de legalidad, no un control de eficiencia y nosotros queremos que nos ayuden equipos de eficiencia en tribunales y eso hemos logrado con las auditorías externas y nuestra propia Contraloría. La mayor transparencia garantiza más honestidad y más eficiencia”.
En tanto, el ministro de Justicia indicó que en la reunión se resolvió retomar la agenda de modernización pendiente con el Poder Judicial a través de reuniones de trabajo bilaterales.