
Nuevos estándares de seguridad, control y transparencia para el fútbol amateur es lo que propone el proyecto (boletín 18205) que despachó la Comisión de Deportes. La iniciativa reconoce esta actividad como de interés público y establece un conjunto de medidas destinadas a prevenir la violencia, proteger a deportistas, árbitros, dirigentes y aficionados. Además, pretende fortalecer la gestión de las organizaciones vinculadas a esta disciplina.
Uno de los ejes centrales del proyecto corresponde al fortalecimiento de las medidas de seguridad. Durante la última sesión, la comisión aprobó normas que establece que las asociaciones nacionales y regionales de fútbol amateur deberán garantizar estándares mínimos de seguridad e higiene en los torneos que organicen.
Entre las nuevas exigencias figuran sistemas de control de acceso; revisión de pertenencias para evitar el ingreso de alcohol, drogas, armas u otros elementos prohibidos; personal de seguridad; protocolos de evacuación y emergencia; detectores de metales; desfibriladores externos automáticos; insumos de primeros auxilios; y la presencia de profesionales capacitados para atender situaciones de emergencia.
La iniciativa también establece que las asociaciones deberán definir criterios para identificar partidos de alta convocatoria. En estos casos, las respectivas delegaciones presidenciales podrán exigir medidas adicionales, como cámaras de televigilancia, mejores condiciones de iluminación, cierres perimetrales u otras acciones orientadas a resguardar la seguridad de asistentes y participantes.
Seguros para el fútbol amateur
La comisión también aprobó la contratación de seguros para eventos deportivos. La propuesta faculta a las delegaciones presidenciales para exigir, cuando corresponda y de acuerdo con los factores de riesgo de cada encuentro, la contratación de pólizas adicionales por parte de las asociaciones nacionales de fútbol amateur.
Para adoptar esta decisión, la autoridad deberá considerar la naturaleza del evento y la capacidad económica de las organizaciones involucradas. Asimismo, las asociaciones nacionales y regionales mantendrán la facultad de contratar seguros de forma voluntaria conforme a sus estatutos.
La norma busca fortalecer la protección frente a accidentes e incidentes que puedan afectar a deportistas, árbitros, dirigentes, espectadores y demás participantes de las actividades vinculadas al fútbol amateur.
Registro de sanciones y tecnologías de seguridad

El proyecto también crea un Registro Nacional del Fútbol Amateur, donde las organizaciones locales, regionales y nacionales deberán inscribir las sanciones aplicadas a deportistas, integrantes de cuerpos técnicos, socios y simpatizantes.
Con estos antecedentes, las organizaciones podrán impedir el ingreso de personas sancionadas a los eventos deportivos bajo su administración. Además, la iniciativa contempla sanciones para quienes profieran insultos discriminatorios, amenazas o amedrentamiento sistemático contra árbitros, dirigentes o menores de edad.
Junto con ello, la comisión también respaldó impulsar la incorporación progresiva de tecnologías de apoyo a la seguridad. Entre ellas, se consideran sistemas de televigilancia, herramientas de control de acceso y otros mecanismos destinados a prevenir hechos de violencia en el fútbol amateur.
Transparencia e integridad competitiva
La iniciativa también incorpora obligaciones de transparencia para las organizaciones dedicadas al fútbol amateur. Entre otras materias, deberán informar el origen de sus fuentes de financiamiento, publicar información financiera accesible al público y mantener procedimientos formales de rendición de cuentas.
Además, el proyecto crea sanciones para quienes ofrezcan, entreguen o reciban beneficios económicos o de otra naturaleza con el objetivo de alterar ilegítimamente el resultado de partidos o competencias deportivas. Las penas alcanzan tanto a quienes promuevan estas conductas como a deportistas, árbitros, directivos o colaboradores que acepten participar en ellas.
A ello se suma una regulación destinada a garantizar que una parte de los recursos provenientes de la explotación económica de la selección nacional de fútbol beneficie directamente al desarrollo del deporte amateur, privilegiando especialmente la práctica femenina, infantil y juvenil.
Finalmente, el proyecto establece períodos de implementación progresiva para las nuevas obligaciones, otorgando un plazo de doce meses para adecuar reglamentos, protocolos y procedimientos. En tanto, las municipalidades dispondrán de seis meses para dictar las ordenanzas contempladas en la iniciativa.
