Por 137 votos a favor, la Cámara aprobó la norma que modifica el Código Penal para ampliar las hipótesis de tráfico de migrantes (boletín 18.315). El objetivo es sumar al delito de facilitar el ingreso ilegal de migrantes al país el promover o facilitar la salida ilegal de personas desde Chile, para obtener un beneficio económico o de otra naturaleza.
Además, el proyecto incorpora como nuevo delito el tráfico de migrantes al interior del país, a partir del traslado o transporte de extranjeros con condición migratoria irregular, dentro del territorio nacional. En este caso, se fija como sanción una pena de presidio menor en su grado medio y multa de cincuenta a cien unidades tributarias mensuales.
En todos los casos anteriores se mantiene como agravante, si en la comisión del delito se pone en riesgo la vida o integridad de la persona afectada o estas sean menores de edad.
Las penas contempladas en estos delitos, junto con la inhabilitación absoluta temporal para cargos u oficios públicos en su grado máximo, se impondrá al funcionario público que participe o ejecute uno de estos hechos, aun sin ánimo de lucro.
Cadena de tráfico
Tras el informe rendido por el diputado Jorge Guzmán, intervinieron Cristian Contreras, Omar Sabat, Luis Malla, José Antonio Kast Adriasola, Marcos Barraza, Cristóbal Urruticoechea, Joanna Pérez, Lorena Fries, Carlos Carvajal, Ximena Naranjo, Jorge Díaz, Eileen Urqueta, Stephanie Jéldrez, Carolina Cucumides, Germán Verdugo, Nathalie Castillo, Daniel Lilayu, José Antonio Rivas y Guillermo Valdés.
En forma transversal se valoró ampliar la figura de tráfico de migrantes a quienes abusan de la vulnerabilidad de las personas migrantes y hacen de esto una actividad lucrativa. Legisladores plantearon que existe una cadena de tráfico que va más allá de quienes facilitan la entrada al país. En ese sentido, se destacó que el ingreso irregular no se queda en la frontera, ya que esas personas se desplazan a lo largo del país.
Además, afirmaron que este proyecto se alinea con los estándares internacionales que reconocen el tráfico como una vulneración de derechos que no se ejecuta solo en el ingreso o salida de un país.
Algunos legisladores manifestaron que aún faltan medidas para enfrentar la migración irregular. De este modo, se reiteró la postura a favor de crear una policía fronteriza.
Por último, se advirtió la necesidad de distinguir en la nueva figura penal a quienes ayudan, desde un punto de vista humanitario, al migrante irregular, lo cual no puede asimilarse a una actividad criminal. Sin embargo, este punto renovado mediante una indicación no obtuvo los votos para su aprobación.