Evitar la instalación de asentamientos irregulares en bienes nacionales de uso público, conocidos como “rucos”, es el objetivo de un proyecto aprobado en general por la Comisión de Gobierno Interior, propuesta que se originó en dos mociones refundidas.
Uno de los proyectos sanciona la ocupación de estos espacios mediante instalaciones precarias que sirven de base para la comisión de delitos (boletín 18329). En particular, incorpora al Código Penal una nueva figura que castiga a quienes levanten, mantengan o utilicen este tipo de estructuras cuando en su interior existan armas cuya tenencia no esté autorizada, armas cortantes o punzantes sin justificación razonable, especies provenientes de delitos o sustancias estupefacientes en cantidades que excedan el consumo personal.
El segundo modifica los códigos Penal y Procesal Penal para tipificar como delito de flagrancia permanente el empleo de bienes públicos o de libre acceso al público para habitar o pernoctar (boletín 18349). La moción incorpora una nueva figura al Código Penal que sanciona esta conducta con presidio menor en su grado mínimo y establece una pena más gravosa en caso de reincidencia.
Debate sobre “rucos”
Durante el análisis, si bien las y los diputados coincidieron en que la ocupación de espacios públicos constituye una preocupación creciente, manifestaron posiciones diferentes respecto de cómo enfrentar este fenómeno.
Desde algunos sectores buscaron poner el foco en que el problema requiere respuestas que combinen intervención social, salud mental y recuperación de espacios públicos. Asimismo, criticaron la idea de que la penalización de estas ocupaciones resuelva el conflicto de fondo.
Por ello, solicitaron la creación de una mesa de trabajo en la comisión, con participación del Ejecutivo, para elaborar una propuesta que responda de mejor manera a esta situación.
Por otro lado, algunas intervenciones enfatizaron que los asentamientos irregulares generan problemas de seguridad e impactan la calidad de vida de quienes residen en sus alrededores. Por eso, llamaron a tramitar con celeridad los proyectos y a establecer sanciones claras que permitan adoptar medidas para evitar la instalación de rucos.
Exposiciones de invitados
Previo a la votación de las iniciativas, participó en la sesión el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego. En su exposición señaló que, de acuerdo con la experiencia de la región, la seguridad y la dignidad de las personas no constituyen objetivos contrapuestos.
En esa línea, explicó que no se opone a la recuperación de los espacios públicos ni a la persecución de delitos asociados a estas instalaciones precarias. Sin embargo, sostuvo que la política pública no puede descansar únicamente en el derecho penal. Frente a ello, propuso establecer una agravante para los delitos cometidos mediante la ocupación del espacio público, complementada con una respuesta de carácter social.
Por su parte, el director general del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, Arturo Oxley, recomendó que la figura penal sancione a quienes hagan caso omiso de las instrucciones impartidas por funcionarios municipales o policiales. A su juicio, ello permitiría evitar la penalización de situaciones meramente incidentales y concentrar la norma en la ocupación sostenida de estos espacios.
Junto con ello, planteó la necesidad de otorgar a los organismos competentes la facultad para retirar estas estructuras de los espacios públicos. Incluso, señaló que podrían requerir la participación de la fuerza pública para concretar dicha labor.
Finalmente, el subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, reiteró la posición expuesta previamente por el Ministerio de Desarrollo Social. En este marco, sostuvo que una respuesta exclusivamente penal no logra resolver las causas profundas del problema.
Sin embargo, reconoció el impacto que generan estos rucos y la falta de facultades de los municipios para remover estas instalaciones. Frente a esto, indicó que el camino debe centrarse en perseguir y sancionar los delitos que correspondan, por ejemplo, mediante la aplicación de la Ley de Control de Armas.