Con un apoyo unánime se aprobó en la Sala de la Cámara la creación de una nueva comisión investigadora encargada de recabar antecedentes sobre los mecanismos de supervisión, control, licitación, adjudicación, ejecución y pago del Programa de Alimentación Escolar a nivel nacional, administrado por Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), bajo la supervigilancia del Ministerio de Educación, durante el período 2019-2024.
En particular, se analizarán los contratos suscritos en todas las regiones del país y la verificación de entrega efectiva de raciones del programa de alimentación. También se estudiará la eventual replicación en otras regiones de mecanismos irregulares identificados por la Contraloría General de la República en la región de O’Higgins.
Junto a lo anterior, se evaluarán las medidas adoptadas para evitar sobreprecios, pagos por raciones no entregadas o sin acreditación efectiva del servicio.
Para el cumplimiento de su propósito, la comisión tendrá un plazo de 60 días para rendir su informe. Además, se la autoriza para constituirse en cualquier lugar del territorio nacional.
Fundamentos de la solicitud
La comisión se aprobó tras la solicitud presentada por 63 diputadas y diputados, promovida por Fabián Ossandón.
Entre sus fundamentos se cita el caso del contrato con Soser S.A., en la región de O’Higgins. Según se da cuenta, en enero de 2025, la Contraloría emitió un informe de auditoría que detectó graves irregularidades en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar. La Junaeb habría pagado más de $3.554 millones a la citada empresa por una programación referencial de 796.043 raciones de “once nivel básica” durante el año 2022, en circunstancias que el proveedor sólo entregó 284 raciones a los establecimientos educacionales.
En 2026, agrega el documento, la actual administración de la Junaeb informó los resultados preliminares de una investigación interna que incorporó los hechos del año 2023. Así, se elevó el monto total comprometido a más catorce mil millones de pesos. “Los antecedentes refieren que el valor pagado por cada ración superó los $8.000 en 2023, cifra que excede ostensiblemente los montos habituales del organismo y afecta directamente los recursos públicos destinados a la alimentación de niñas, niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad”, se acota.
Se informa, asimismo, que la Contraloría identificó como causa central de las irregularidades la ausencia de “bandas de precios” en la licitación auditada. Esto permitió a la empresa adjudicarse el contrato con precios unitarios desproporcionados frente a otros oferentes.
El texto también plantea que las irregularidades detectadas no se circunscriben únicamente a la región de O’Higgins. De ahí que se estime pertinente extender el examen a todas las regiones del país.
Los solicitantes consideran que es deber del Congreso Nacional proponer acciones y medidas que permitan sancionar de forma ejemplar a quienes han hecho mal uso de los recursos públicos destinados a la alimentación escolar, causando perjuicio al Estado y dañando profundamente el principio de probidad, especialmente, cuando las víctimas directas de este eventual fraude son niñas, niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad.