La comisión encargada de analizar la admisibilidad de la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau, recibió la exposición de su defensa a cargo del abogado Patricio Zapata, quien resumió los puntos principales de un escrito de más de 160 páginas.
El profesional hizo ver que esta herramienta es un juicio que pone en juego derechos de una persona. Asimismo, remarcó que debe entenderse como un elemento de último recurso, no en un sentido lineal, sino de importancia. Es decir, que se presente frente a hechos de violación de la Constitución y las leyes que impliquen una connotación especial de gravedad.
Según su visión, “el problema principal de la acusación es que no logra explicar la conexión entre ciertos actos u omisiones con la infracción de normas constitucionales y legales”. La clave, planteó, es conectar las omisiones personales que deberían vulnerar una regla, ya porque ordena hacer algo y no se hace o porque no se autoriza y se hace. “Aquí los acusadores no han logrado encontrar una sola norma que establezca con mínima precisión un deber o una prohibición”, acotó.
Dijo que no hay ninguna referencia a lo que debe incluirse en un informe de política fiscal semestral, por ejemplo. “Se le acusa de normas muy generales que pueden dar a lugar a cualquier tipo de especulación”, evaluó.
“Las estimaciones no son discutibles”
Remarcó que, a diferencia de lo indicado de menara especulativa por la parte acusadora, la legislación sí contempla reglas para abordar el tema de los supuestos fiscales. “La Constitución es clara en indicar que las estimaciones de los ingresos no son discutibles”, afirmó. Recordó que esto se basa en que dichas estimaciones están afectas a contingencias que pueden alterar los resultados finales. Además, indicó que la ley también dispone elementos correctivos que se utilizaron durante el pasado Gobierno.
Desestimó cada uno de los capítulos del libelo y, por ejemplo, mencionó que la Contraloría eximió de responsabilidades a la extitular de la Dipres respecto de sus cálculos, por cuanto las evaluaciones se debían realizar sobre la base de la información disponible en el momento del cálculo.
El abogado pidió que se invite a la comisión al actual titular de la Dirección de Presupuestos para que explique su postura sobre el tema. También requirió otras opiniones técnicas, como exministros de Hacienda y exdirectores de Presupuestos que, pudiendo discrepar del manejo anterior, han dicho que no habría lugar a una acusación constitucional. Igualmente, se instó a citar al Consejo Fiscal Autónomo para revisar con ellos puntos específicos del libelo, como el tema de la provisión de recursos para la Ley de reajuste y si hubo alguna ilegalidad en la materia.
Reacciones
Tras la exposición, los diputados Luis Sánchez y Benjamín Moreno defendieron la acusación constitucional y refutaron que el texto carezca de fundamentos. El primero sostuvo que la obligación de informar sobre el gasto, la deuda y el déficit fiscal debe sustentarse en datos veraces, por lo que alejarse de dichas estimaciones sería una infracción a la norma.
Moreno dijo que el libelo se fundamenta en hechos concretos. Uno de ellos, relató, es una discrepancia de 822 millones de dólares en torno a la provisión de la Ley de reajuste. “Cuando uno se encuentra con magnitudes difíciles de ignorar, se pasa a lo objetivo”, sentenció. De igual modo, recordó que se traspasó gasto fiscal del 2025 al 2026. “Lo que se muestra es una situación fiscal irreal, por una decisión que es imputable al ministro de Hacienda”, agregó.
En otra visión, Carolina Tello coincidió con la defensa en que no hay hechos concretos imputables sino, más bien, “reproches genéricos”, sin lograr identificarse ninguna omisión concreta. Además, planteó que se acusa por actos que no son suyos, ya que el informe de finanzas públicas lo hace la Dipres. “La Contraloría descartó responsabilidad para la exdirectora, menos se le puede adjudicar responsabilidad constitucional al exministro que ni siquiera lo redactó”, enfatizó.
La comisión de acusación constitucional continuará con el proceso de preguntas a la defensa en una nueva sesión, mañana (17 junio).