Durante la semana legislativa, la Sala de la Cámara aprobó dos solicitudes de Acuerdo referidos a los ajustes presupuestarios y su impacto en programas de educación y salud.
El Acuerdo 14 señala que es necesario que el Estado fortalezca los programas de Alimentación Escolar y se evite que los ajustes debiliten herramientas fundamentales para la inclusión, equidad y movilidad social de miles de estudiantes y sus familias.
Presentado por la diputada Valentina Cáceres y aprobado por 74 votos a favor, 54 en contra y cinco abstenciones, hace ver al Presidente de la República que el Programa de Alimentación Escolar (PAE), la Beca de Alimentación para la Educación Superior (BAES), programas de salud escolar y otros beneficios administrados por la Junaeb cumplen un rol esencial para garantizar condiciones mínimas de bienestar, nutrición, permanencia y rendimiento académico de niños, niñas y jóvenes a lo largo del país.
Por su parte, el Acuerdo 15, aprobado con 82 votos a favor, 51 en contra y 4 abstenciones, expresa la preocupación de la Cámara por los recortes aplicados al sector salud.
En este caso, el texto promovido por el diputado Francico Crisóstomo e integrantes del comité PS, señala que las rebajas superarían los 413 mil millones de pesos y afectarían a Fonasa, la atención primaria, la red hospitalaria y otros organismos sanitarios.
La iniciativa advierte que la reducción de recursos podría dificultar la entrega de medicamentos, la atención de enfermedades crónicas, el funcionamiento de los servicios de urgencia y las listas de espera.
Solicitudes de Resolución
Asimismo, el Pleno de la Corporación respaldó dos solicitudes de resolución en esta semana legislativa.
La primera, impulsada por el comité UDI, pide revocar pensiones de gracia a beneficiarios con antecedentes penales. La resolución 15 cuestiona esta asignación y solicita al Ejecutivo revisar exhaustivamente su entrega, advirtiendo que debe resguardar su carácter excepcional y su destino a personas en situación de vulnerabilidad.
La solicitud aprobada por 86 votos a favor, 38 en contra y 7 abstenciones, pone el foco especialmente en casos vinculados a delitos graves, como estafa, tráfico, producción de material pornográfico, abuso sexual, robo con violencia, homicidio y lesiones en contextos de violencia intrafamiliar.
En tanto, la resolución 16 -también presentada por legisladores UDI- solicita al Presidente de la República acelerar y concluir los sumarios administrativos contra funcionarios públicos que habrían incumplido sus licencias médicas.
La petición recuerda que tras el infome de Contraloría que alertó esta situación, se dispuso la apertura de investigaciones sumarias en numerosos servicios públicos. Asimismo, en la Ley de Presupuestos 2026, se dispuso que Dipres infome periódicamente el estado de avance de estas investigaciones.
En ese contexto, la resolución aprobada por 112 votos a favor, 3 en contra y 22 abstenciones, señala que es preocupante que muchos de los sumarios se hayan extendido por períodos excesivamente prolongados, superando en algunos casos los 8 meses de tramitación.