Como una “lamentable confusión” calificó el director del Servicio de Registro Civil e Identificación, Omar Morales, la alerta por la errada entrega de cédulas de identidad a migrantes. En la Comisión de Gobierno Interior, explicó que fueron cinco los documentos entregados a personas refugiadas con una vigencia mayor a la autorizada.
En la instancia, aseguró que se trata de personas con una situación migratoria regular y que el tema ya se corrigió. Especificó que el problema ocurrió en el cruce de información entre el Registro Civil y el Servicio de Migraciones. Sin embargo, al detectarse que las cédulas tenían una vigencia de 5 años y no de 8 meses, como se establece en estos casos, rápidamente se anularon y rectificaron.
Rectificación de datos del Registro Civil
Por otro lado, también se refirió a la lista de miles de incongruencias de datos entre las mismas instituciones. El director aclaró que, tras el proceso de modernización de las plataformas del sistema del Registro Civil, quedó en evidencia un error en los datos. Así, de una lista de 19 mil personas migrantes entregada por el Servicio de Migraciones, 4 mil presentaban datos incongruentes.
Esta situación se notificó inmediatamente al servicio para su revisión. Además, explicó que en ese proceso no hubo ninguna entrega de cédulas de identidad. Así, enfatizó que no hay personas extranjeras que circulen con cédulas legales que no correspondan. Del mismo modo, aseguró que el servicio cuenta con “un sistema robusto” y se le reconoce por su funcionamiento a nivel internacional.
En términos generales, las y los diputados valoraron la aclaración de la situación y de los datos involucrados. Sin embargo, también llamaron a revisar los procesos para evitar los errores y mantener la valoración del Registro Civil. Junto a esto, acordaron invitar a la comisión al exdirector de Migraciones, Luis Thayer, para conocer su evaluación del proceso.
Preocupación por rucos
En segundo lugar, la comisión recibió a las alcaldesas de San Miguel, Karol Bown, y de Quinta Normal, Karina Delfino. El objetivo de su participación fue solicitar el respaldo de las y los diputados para legislar sobre la prevención y remoción de rucos.
Ambas jefas comunales alertaron que la instalación de personas en situación de calle en espacios públicos ha aumentado considerablemente en los últimos años. Frente a esto, los municipios están destinando cada vez más recursos para su remoción, sin contar necesariamente con mejores atribuciones para hacerse cargo.
Por esta razón, solicitaron a las y los diputados tomar medidas legislativas que permitan enfrentar el problema en sus diferentes aristas. En esta línea, la alcaldesa Bown propuso, en primer lugar, fortalecer la red de protección social que atiende a las personas. Luego, tipificar el delito de instalación de rucos, ya que sirve de base para cometer otros delitos, como el tráfico de drogas. Finalmente, señaló que se debe sancionar la instalación reiterada de estas estructuras en el espacio público.
Por su parte, la alcaldesa Delfino requirió impulsar en forma urgente un rol real y activo del Ministerio de Desarrollo Social en el problema. Junto a esto, solicitó considerar un financiamiento basal estable —no concursable— para equipos de calle permanentes, así como programas de capacitación continua a funcionarios municipales en enfoque de derechos, salud mental y trabajo en calle.
Las y los diputados reconocieron que el aumento de personas en situación de calle es un problema grave. Frente a este escenario, plantearon miradas diversas sobre cómo enfrentarlo, ya que el enfoque exclusivamente penal no es suficiente. También plantearon la necesidad de potenciar la atención en salud mental y adicciones, así como los recursos a las comunas.