La Comisión de Seguridad Ciudadana despachó el articulado del proyecto que amplía las facultades de las policías para el control de identidad, facilitando la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación. Su objetivo es mejorar la persecución penal en dichos delitos.
El texto (boletín 15258) se originó en una moción parlamentaria ingresada en 2022. La iniciativa aprobada en mayo pasado en su idea de legislar, fue objeto de indicaciones, que se revisaron en la última sesión de la instancia.
Tras un exhaustivo análisis, la comisión aprobó que el control de identidad se realice hasta 10 kilómetros de la frontera, o entre el mar territorial y las aguas interiores. Allí, la autoridad policial estará autorizada a registrar vestimentas, equipaje o vehículo de la persona cuya identidad se controla, pudiendo detenerla sin necesidad de orden judicial, si la sorprende en flagrancia o se determina que posee orden de detención pendiente.
El proyecto quedó en condiciones votarse en la Sala de la Cámara.
Delitos contra la propiedad intelectual
La comisión aprobó, además, la idea de legislar de un proyecto (boletín 17912) que modifica la Ley 19.913, para incorporar los delitos contra la propiedad industrial, al catálogo de precedentes de lavado de activos.
El proyecto ataca la falsificación y contrabando de productos, como método de financiamiento para el crimen organizado. Lo anterior, considerando que estas conductas vulneran derecho de propiedad, la buena fe del consumidor y la integridad del mercado.
En la oportunidad, el Ejecutivo, en la figura de quien hasta ayer ocupaba el cargo de subsecretario de seguridad pública, Andrés Jouannet, valoró la idea matriz de la iniciativa, considerándola como un avance en la persecución del delito.
Sin embargo, observó que podría haber una eventual colisión con otras normas establecidas en el Código Penal y con la posible vulneración del principio de proporcionalidad, temas que sugirió revisar por la vía de indicaciones.