Establecer sanciones más severas para quienes sustraigan productos, insumos o maquinaria agrícola, entregando una regulación especial que haga patente la gravedad de la conducta y de los nocivos efectos en la actividad agrícola y en quienes la ejercen, es el objetivo del proyecto (boletines 17170 y 17486) aprobado por la Sala y enviado a segundo trámite.
La propuesta, informada por la Comisión de Agricultura, se originó en dos mociones refundidas: una impulsada por el diputado Diego Schalper y la otra por el exlegislador Jorge Rathgeb.
Para sus fines, la iniciativa enmienda el Código Penal, en lo referido a las normas relacionadas con el robo con fuerza en las cosas. En este marco se inscribe una norma que sanciona con presidio menor en su grado máximo (desde tres años y un día a 5 años) el robo de vehículos motorizados. Así, la disposición aprobada impone la misma pena cuando el delito recaiga sobre productos, insumos o maquinaria agrícola.
En una misma línea, se avanza en lo relativo al hurto de los mismos bienes. En tal caso se aplicarán las penas contempladas en el Código Penal para este delito, donde se fijan penas y multas según el valor de la materia hurtada, pero restringiendo la sanción a su grado máximo o en su máximum.
Finalmente, se castiga la receptación de los citados bienes en términos similares a los vehículos motorizados. En dichos casos la pena es de presidio menor en su grado máximo. Además, se podrá aplicar una multa equivalente al valor de la tasación fiscal o de cinco a 20 UTM, respectivamente. Además, se permite el comiso de las materias.
Discusión por robo de maquinaria agrícola
Participaron en el debate Daniel Lilayu, Tomás Kast, Priscilla Castillo, Jaime Bassa, Sara Concha, Bernardo Salinas, Cristian Menchaca, José Antonio Rivas, Erich Grohs, Javier Muñoz, Carlos Cuadrado, Macarena Santelices, Raúl Leiva, Cristian Contreras, Rodrigo Ramírez, Paulina Muñoz, Jaime Coloma, Eileen Urqueta, Eduardo Durán, Benjamín Moreno, Cristian Mella, Ricardo Neumann, Carolina Cucumides, Sebastián Cristoffanini, Omar Sabat, Mauro González y Diego Vergara.
En la discusión hubo un amplio grupo que se pronunció a favor de la propuesta. Se estimó que va en la dirección correcta para frenar un hecho que afecta a tres de cada cuatro agricultores y que implica un costo anual de 530 millones de dólares. Además, resaltaron que se trata de herramientas que implican un esfuerzo de toda una vida y cuya falta implica serias limitantes a la labor de las y los agricultores.
Algunos, valoraron la propuesta, pero consideraron insuficiente solo avanzar en un aumento de las penas. Así, pidieron, por ejemplo, más refuerzo policial, más investigación y fomentar la prevención.
Otro grupo se manifestó en contra. Se criticó la técnica legislativa, porque se establece una tipificación amplia y no especifica criterios claros, ni valores o perjuicios concretos. Igualmente, se acusó desproporcionalidad de la pena respecto de la gravedad del ilícito y afectación de la función jurisdiccional, al reducir el margen de decisión del juez.