Mociones relacionadas a extorsión, tenencia de armas blancas en las cárceles y para excluir del otorgamiento de beneficios a condenados por delitos contra menores de edad revisó la comisión de Seguridad Ciudadana.
La primera de las propuestas (boletín 18594) la presentó el diputado Bernardo Salinas. También firman la moción Sofía González, Tatiana Urrutia, Cristián Araya, Jaime Araya, Enrique Bassaletti, Jaime Coloma, Gustavo Gatica, Patricio Pinilla y José Antonio Rivas.
En lo medular, se modifica los códigos Penal y Procesal Penal para sancionar la extorsión territorial y el cobro de protección. Según explicó el diputado Salinas, se tratar de castigar a verdaderas organizaciones que se toman territorios o barrios completos, extorsionando, principalmente, a comerciantes y a feriantes.
Si bien la idea era votar hasta total despacho, durante el debate previo se manifestaron diversas observaciones. Así, por ejemplo, el diputado Raúl Leiva planteó que tenía dudas respecto del tipo penal propuesto, ya que estimó que son figuras difíciles de acreditar. En una línea similar, el diputado Enrique Bassaletti consideró necesario facilitar la aplicación de la agravante. “El espíritu del proyecto está bien, pero es necesario perfeccionarlo para que cumpla su cometido”.
En este plano, la Comisión de Seguridad Ciudadana acordó postergar hasta el próximo lunes 2 de noviembre la votación en particular del proyecto. En este plazo, se espera consensuar un texto para votarlo en dicha oportunidad.
Armas blancas
Un segundo punto que revisó Seguridad Ciudadana fue la moción impulsada por el diputado Sebastián Zamora, junto a Chiara Barchiesi, Valentina Becerra, Javiera Rodríguez, Enrique Bassaletti, Tomás Kast, Leandro Kunstmann, Alejandro Riquelme y Agustín Romero. El texto (boletín 18574) modifica el Código Penal para tipificar supuestos de tenencia de armas cortantes o punzantes en establecimientos penitenciarios.
Kunstmann relató que la iniciativa nació de hechos concretos observados en Valdivia, donde tres personas murieron en una cárcel producto de heridas con armas cortopunzantes. Según agregó Zamora, fue una propuesta que surgió de una solicitud de gendarmes.
En la discusión, diversas opiniones alertaron que la iniciativa puede colisionar con normas ya vigentes, algunas no de tanta data, como es la ley “antipelotazos”, que sanciona la internación de elementos al interior de las cárceles.
Así lo plantearon los diputados Jaime Coloma y Eduardo Cretton, junto con la diputada Tatiana Urrutia. En tal plano, llamaron revisar el informe de la comisión mixta que resolvió las diferencias entre la Cámara y el Senado por la “Ley Antipelotazos”, así como solicitar un informe a la Biblioteca del Congreso Nacional para identificar qué temas ya están legislados y cuáles podrían ser vacíos que el proyecto en trámite podría cubrir.
Asimismo, la diputada Gloria Naveillan, secundada por Raúl Leiva, instaron a que el Ejecutivo presente una iniciativa legal basada en el Reglamento Penitenciario.
Limitantes a beneficios
Finalmente, la Comisión de Seguridad Ciudadana inició la discusión de una moción presentada por el diputado Patricio Pinilla. De igual modo, suscriben el texto Chiara Barchiesi, Consuelo Veloso, Cristián Araya, Héctor Barría, Felipe Camaño, Jorge Díaz, Cristian Mella y José Antonio Rivas.
El proyecto (boletín 18654) modifica el Código Penal y otros cuerpos legales para excluir el otorgamiento de beneficios a condenados por delitos contra menores de edad. Además, establece el derecho de sus familias a ser oídas.
Patricio Pinilla indicó que la propuesta nace del caso de una menor asesinada en Los Ángeles a manos de un excarabinero dado de baja, con antecedentes penales. Alertó que la exdiputada Karen Medina presentó una moción en una línea similar, por lo que descartó que la materia se contextualice en la actual polémica de los indultos presidenciales.
Comunicó que la moción busca limitar la entrega de beneficios para condenados por delitos graves, como homicidios o contra menores de edad. También se procura establecer una inhabilitación perpetua para este tipo de condenados para trabajar con menores y se da preferencia en la agenda judicial a las audiencias relacionadas con este tipo de delitos, para reducir los plazos de aplicación y la revictimización.
Asimismo, se promueve escuchar a la familia frente a la posibilidad de que el condenado salga en libertar y se insta a un acompañamiento a la familia afectada, usando la infraestructura existente. Además, extiende a 20 años la eliminación de antecedentes penitenciaros, en casos de penas de gravedad.
Seguridad Ciudadana acordó continuar con audiencias para el tratamiento de esta propuesta. En este marco, se espera contar con la opinión de la Defensoría Penal, el Ministerio Público y la Defensoría de la Niñez, entre otros posibles invitados.