Exponer sobre el funcionamiento del sistema de concesiones, la determinación de las tarifas de peajes y diversas dudas sobre las autopistas concesionadas. Ese fue el objetivo de la participación de la presidenta de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública (COPSA), Gloria Hutt, en la comisión investigadora encargada de reunir antecedentes relativos a esta materia (CEI 8 y 10).
En su presentación, sostuvo que el sistema opera bajo un modelo de asociación público-privada, donde es el Estado el que mantiene la propiedad de la infraestructura y define las condiciones de cada concesión. En esta línea, afirmó que los inversionistas participan en licitaciones previamente estructuradas por el Estado y que, al presentar sus ofertas, aceptan las condiciones técnicas, legales y contractuales establecidas en las bases de licitación.
Y, específicamente sobre la determinación de tarifas de peajes en las autopistas concesionadas, fue enfática en señalar que las sociedades concesionarias no fijan los peajes. Explicó que las tarifas forman parte de un régimen de derecho público definido por el Estado. Asimismo, indicó que éstas se establecen durante el diseño del proyecto y quedan incorporadas en las bases de licitación y en los contratos respectivos.
Tarifas de peajes
Según explicó, las tarifas de peajes tienen naturaleza jurídica de tributo y el concesionario realiza la recaudación por cuenta del Estado. Agregó que las tarifas responden a decisiones estatales vinculadas a la rentabilidad social del proyecto, al comportamiento de los viajes y a la gestión de la demanda de transporte.
En la misma línea, enfatizó que los concesionarios no tienen atribuciones para modificar los valores de los peajes ni los períodos de aplicación de las distintas tarifas. También señaló que cualquier cambio contractual requiere la aprobación de organismos públicos, incluyendo el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Hacienda y la Contraloría General de la República.
Dudas frecuentes
Durante su presentación, Gloria Hutt también explicó diversas afirmaciones que, según COPSA, generan confusión sobre el funcionamiento del sistema de concesiones. Entre ellas, rechazó que las autopistas se encuentren completamente pagadas y que el cobro de tarifas de peajes represente únicamente utilidades para los concesionarios.
Sobre la materia, explicó que gran parte de los proyectos aún se encuentra dentro de su período de concesión y que los ingresos continúan financiando deudas, costos operacionales y obligaciones contractuales.
Igualmente, expuso que las relicitaciones no constituyen una extensión automática de las concesiones originales y que, en la práctica, suelen incorporar nuevas inversiones de magnitud equivalente o superior a las inicialmente ejecutadas. Asimismo, indicó que la decisión de volver a concesionar una infraestructura corresponde exclusivamente al Estado.
Respecto de la transparencia, afirmó que toda la información contractual, operacional y financiera de las concesiones se encuentra regulada y sometida a mecanismos permanentes de fiscalización. Añadió que los proyectos cuentan con inspectores fiscales designados por el Ministerio de Obras Públicas y que gran parte de los antecedentes se encuentran disponibles públicamente a través de organismos estatales y de los propios concesionarios.
Debate sobre peajes y concesiones
Otro aspecto que explicó la presidenta de COPSA se relacionó con el destino de los recursos recaudados de las tarifas de peajes. Al respecto, sostuvo que el concesionario no decide el uso de esos fondos y que dicha definición corresponde al Estado. Además, indicó que los mecanismos de recaudación y distribución de ingresos forman parte de los contratos y de la política pública definida por las autoridades.
Tras la exposición, las y los diputados formularon consultas sobre distintos aspectos de la operación de las autopistas concesionadas. Entre ellas, plantearon su preocupación por denuncias relacionadas con multas municipales que afectarían a usuarios de las vías. Sobre esta materia consultaron si existe coordinación con las autoridades para revisar estas situaciones, considerando el impacto que generan en la confianza del sistema.
Asimismo, solicitaron conocer posibles medidas para fortalecer la televigilancia y otros mecanismos de seguridad que permitan prevenir delitos como las encerronas. También abordaron alternativas que eventualmente permitan reducir las tarifas de peajes y plantearon inquietudes sobre el estado de mantención de las caleteras. Plantearon que en algunos sectores éstas no se encuentran en condiciones adecuadas para funcionar como rutas alternativas de circulación.