Fortalecer la democracia interna de las comunidades de agua con un mecanismo de representatividad equitativa para los Comités y Cooperativas proveedores de Servicios Sanitarios Rurales es la idea matriz de un proyecto aprobado, en general, por la Sala de la Cámara.
La propuesta enmienda el Código de Aguas, en lo referente a la conformación de los directorios de las comunidades de aguas. En dicho contexto, plantea garantizar la participación de comités y cooperativas de agua potable rural, prestadoras de servicios sanitarios rurales, en los citados directorios.
La motivación es reducir la sobrerrepresentación de los grandes propietarios que, según las autoras de la iniciativa, margina a usuarios menores, entre ellos los comités y cooperativas de agua potable rural (APR). Todo ello con el fin de garantizar el derecho humano al agua en sectores rurales.
Discusión del proyecto
La propuesta corresponde a dos mociones impulsadas por las diputadas María Francisca Bello (boletín 17324) y Carolina Tello (boletín 17325) que se revisaron en la Comisión de Recursos Hídricos, donde se fusionaron y aprobaron en un texto único. Luego, la Comisión de Agricultura no respaldó la propuesta y planteó su rechazo. Finalmente, la Sala decidió respaldar la iniciativa legal por 62 votos a favor, 18 en contra y 42 abstenciones. El texto, sin embargo, retornará a las comisiones para su revisión particular.
Su discusión se llevó a cabo en diferentes sesiones de Sala. En ellas, expusieron sus puntos de vista Daniel Lilayu, Jaime Mulet, Eileen Urqueta, Andrea Macías, Ignacio Achurra, Nathalie Castillo, Javier Olivares, Luis Pardo, José Montalva, Patricio Pinilla, Nelson Venegas, Cristian Menchaca, Sofía González, Diego Vergara, René Manuel García, Cristian Contreras, Carolina Cucumides, René Alinco, Benjamín Moreno, Emilia Nuyado y Cristián Araya.
En apoyo a la norma, se planteó que esta reconoce a los APR como actores relevantes que hoy no tienen ni voz ni voto. Por ello, con esta propuesta se avanza en una gestión más justa y en garantizar un mejor acceso al agua, al ampliar los canales de participación hacia todos los usuarios.
De igual modo, se recalcó que este proyecto no quita derechos, sino que solo equlibra la participación en las comunidades de agua. Además, se recordó que en 2022 la Dirección General de Aguas intentó establecer esta medida mediante una circular, pero la Contraloría general rechazó la modificación por considerar que era materia de ley.
Otra visión sostuvo que la propuesta tiene una noble intención, pero, al mismo tiempo, no resuelve en absoluto el problema de los APR y del acceso al agua en los territorios. “Es una pirotecnia que introduce un favor totalmente ajeno a la naturaleza de cómo se gestiona el agua en las cuencas”, se acusó.
De igual modo, se indicó que querer mezclar APR con asociaciones de canalistas es generar un tremendo problema en las asambleas de las comunidades de agua.
