Con cuestionamientos al procedimiento ejercido por la Tesorería General de la República para realizar el cobro de las deudas por el Crédito con Aval del Estado (CAE), la Cámara aprobó el Acuerdo 19 para manifestar al Presidente de la República su preocupación por el uso de las normas de cobro de obligaciones tributarias para este caso.
Esto a partir de las denuncias de trabajadores que fueron afectados por el “vaciamiento” de sus cuentas bancarias personales en virtud de embargos derivados del cobro judicial de las deudas pendientes de pago del CAE.
El Acuerdo plantea que esto tuvo lugar a instancias de una mala aplicación de la ley por parte de la Tesorería General de la República.
El documento, respaldado por 67 votos a favor, 54 en contra y 10 abstenciones, recalca que el cobro por deudas con el Fisco por el CAE debe ser resuelto. No obstante, no puede ser a cualquier costo, como dejar a los trabajadores sin remuneración.
Por esta razón, se llama a buscar un intercambio que permita abordar el pago de las deudas, cuidar la remuneración y cumplir la ley sin vulnerar derechos.
Remuneraciones Seremis de Salud
Por 74 votos a favor, 29 en contra y 23 abstenciones, la Cámara aprobó el Acuerdo 20 que manifiesta al Presidente de la República la preocupación por el incremento del veinte por ciento en las remuneraciones brutas de los secretarios regionales ministeriales de Salud.
En los antecedentes, indica que a solicitud del Ministerio de Salud se autorizó este monto adicional mensual hasta marzo de 2030.
Pero, el cuestionamiento es que este aumento se aplica en medio de un contexto de reajuste presupuestario en el sector salud, que considera restricciones de gastos, reemplazos, horas extraordinarias y adquisición de insumos.
Además, critica que no se han transparentado los antecedentes técnicos y financieros para evaluar la proporcionalidad de la medida así como su compatibilidad con los ajustes aplicados a la red pública de salud.
Plan Sonrisa Universal
En otra materia, las y los diputados acordaron solicitar al Primer Mandatario que pueda impular la creación e implementación de un Programa Nacional de Salud Bucal Integral.
La propuesta denominada Sonrisa Universal tiene como objetivo hacerse cargo del alto número de personas que se mantienen en listas de espera para atención dental, demanda que crece en un 10,3% anualmente.
Así, la iniciativa impulsada por el diputado Roberto Arroyo busca que el Estado garantice no solo la extracción o la urgencia dental, sino también la rehabilitación integral y estética; devolviendo la dignidad y la sonrisa a todos los chilenos, sin distinción de tramo o previsión.
La solicitud de resolución 20 añade que, paradójicamente, el país cuenta con más de 30 mil odontólogos en ejercicio, lo que representa una capacidad técnica instalada que supera en más del 100% el requerimiento internacional. No obstante, la lista de espera odontológica es la más abultada del sistema público de salud.
Plan para Biobío
Asimismo, también el diputado Arroyo promovió la Resolución 21, que solicita al Ejecutivo la creación de un Plan Extraordinario de Reconstrucción Productiva y Reactivación Económica para la Región del Biobío, destinado a la recuperación integral del territorio afectado por los incendios.
La propuesta plantea que dicho plan contemple, entre otras medidas:
a) Crear un fondo especial de reconstrucción regional que permita financiar infraestructura pública, vivienda, recuperación productiva y apoyo a pequeñas y medianas empresas afectadas.
b) Establecer incentivos tributarios temporales y focalizados que estimulen la inversión privada, la reposición de activos productivos y la generación de empleo en las zonas afectadas.
c) Programas especiales de empleo y capacitación laboral orientados a la reconstrucción, reforestación preventiva, obras de mitigación y reconversión productiva regional.
d) Líneas de financiamiento preferente para PYMES, emprendimientos locales y sectores productivos afectados, incluyendo garantías estatales y facilidades crediticias.
e) Medidas de diversificación productiva e innovación que fortalezcan la resiliencia económica regional y reduzcan la vulnerabilidad frente a futuros desastres.
Preocupación por indultos
La Sala de la Cámara tmabién aprobó esta semana la Resolución 22, impulsada por legisladores del Frente Amplio, que llama al Presidente de la República que, en el ejercicio de su atribución para conceder indultos particulares, se abstenga de otorgar este beneficio en situaciones que involucren afectaciones graves a la vida o a la integridad física o psíquica de las personas. Especialmente, añade la resolución, cuando se trate de hechos que hayan provocado la muerte o lesiones graves o gravísimas, con consecuencias permanentes.
Los patrocinantes recuerdan que la concesión de indultos se ha vinculado principalmente a consideraciones de carácter humanitario, tales como enfermedades graves o terminales, condiciones personales excepcionales o circunstancias que justifican una revisión de la ejecución de la pena, así como a contextos específicos donde se ha buscado favorecer procesos de reinserción social.
Sin embargo, también ha existido consenso en cuanto a la necesidad de establecer límites claros en su aplicación, particularmente cuando se trata de delitos de especial gravedad o que generan un alto reproche social.
Por ello, consideran que el ejercicio de esta facultad debe realizarse con estricto apego a criterios de responsabilidad institucional, teniendo especialmente en cuenta la naturaleza y gravedad de los delitos involucrados, el impacto en las víctimas y el resguardo de los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.
Protección de la flora y fauna nativa
Por último, la Sala de la Corporación también respaldó una solicitud planteada por diputados del comité del Frente Amplio, para que se adopten medidas urgentes para no disminuir la protección de las personas, flora y fauna nativa como el Pingüino de Humboldt y la Ranita de Darwin.
Todo esto en el contexto del retiro de toma de razón de 43 decretos en materia medioambiental. Entre estos documentos se incluyó, además, normativas críticas sobre calidad del aire, planes de descontaminación, regulaciones de cambio climático y la creación de nuevos parques nacionales.
La resolución señala que la revisión administrativa de normas no puede implicar un debilitamiento de los estándares vigentes, ya que la protección de los ecosistemas y de la salud humana es una responsabilidad ineludible del Estado.
Asimismo, pese a que el Ejecutivo calificó esta medida como una “revisión habitual” destinada a resguardar criterios técnicos y jurídicos, a juicio de los autores de la resolución, el retiro masivo de estas disposiciones genera incertidumbre jurídica y ambiental, frenando avances relevantes en la protección del patrimonio natural.