La Comisión de Constitución inició la tramitación de una reforma constitucional y un proyecto de ley presentados por el actual gobierno para abordar el fenómeno migratorio irregular en el país.
En el primer caso, una reforma a la Constitución Política busca modificar el tiempo de detención permitido para la ejecución de expulsiones administrativas (boletín 18.314).
Al respecto, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, explicó que hoy la Carta Fundamental estipula .en su artículo 19, número 7, que regula la garantía de la libertad personal- que en el caso de las expulsiones administrativas de una persona extranjera el plazo máximo de detención es de cinco días corridos, mientras se realizan los trámites necesarios para concretar su salida del país.
Pero, el ministro afirmó que dicho plazo resulta insuficiente para verificar la identidad de la persona, obtener su documentación, coordinar con el país de destino y materializar las expulsiones.
Por esta razón, la modificación planteada busca elevar el plazo de detención de entre cinco a 60 días, el cual podrá renovarse hasta dos veces, por otros 60 días cada una, alcanzando un máximo de 180 días.
Además, la propuesta dispone que las prórrogas deberán ser fundadas y estarán sujetas a control judicial, por lo que podrán ser impugnadas ante los tribunales. Ante las consultas sobre los costos y procedimientos, el ministro de Justicia dijo que el detalle será parte de las leyes que posteriormente deberán dictarse para operativizar la reforma constitucional.
Políticas migratorias
Sobre esta propuesta expuso ante la comisión el director ejecutivo del Centro de Políticas Migratorias, Juan Pablo Ramaciotti. El personero cuestionó la reforma al estimar que ampliar el plazo de detención no garantiza un aumento de las expulsiones, ya que el principal problema hoy radica en la coordinación con los países de origen.
Además, advirtió que Chile no cuenta con la infraestructura necesaria para implementar un sistema de detenciones prolongadas. En ese sentido, su propuesta fue fortalecer la coordinación consular, aplicar medidas cautelares alternativas y promover la salida voluntaria asistida. (Ver presentación)
Ampliar hipótesis de tráfico
La segunda materia en trámite en la Comisión de Constitución corresponde a modificaciones al Código Penal para ampliar las hipótesis de tráfico de migrantes (boletín 18.315).
En este caso, se propone ampliar el delito de facilitar el ingreso ilegal de migrantes al país con fines de lucro, para incluir también a quienes promuevan o faciliten la salida ilegal de personas desde Chile. Igualmente, incorpora como delito el traslado o transporte de extranjeros con condición migratoria irregular, dentro del territorio nacional, como actividad lucrativa.
En todos estos casos se mantiene como agravante y se sanciona con mayor gravedad, si en la comisión del delito se pone en riesgo la vida o integridad de la persona afectada; estas sean menores de edad o participe en el hecho un funcionario público.
Visión contrapuesta de las propuestas
Al término de la sesión, el diputado Marcos Barraza afirmó que el debate no es solo de carácter normativo, sino sobre el tipo de sociedad que se quiere construir. En ese sentido, manifestó su preocupación porque, a su juicio, el Gobierno impulsa “una sociedad de enemigos y de persecución”.
Si bien reconoció que la migración irregular es un problema real y se deben adoptar medidas para impedirla, estas deben aplicarse “de manera inteligente y con perspectiva de derechos”, fortaleciendo el control fronterizo, sostuvo.
Además, coincidió con otros legisladores, como la diputada Lorena Fries, respecto que la reforma constitucional constituye “un cheque en blanco”, porque no se fijan con claridad los alcances de la retención o cómo se implementará. Agregó que es necesario conocer las implicancias de contar con centros de reclusión en un sistema carcelario paralelo y los efectos que ello podría tener, especialmente, en niños, niñas, adolescentes y mujeres embarazadas.
Barraza también criticó que el Ejecutivo mantenga una “legislación obstinada” y comparó la propuesta con las políticas migratorias implementadas por el gobierno de Donald Trump. “No quiero lo mismo para Chile. Quiero que la gente entre de manera regular, habilitada por la ley, pero tampoco quiero una persecución indebida”, concluyó.
Por el contrario, la diputada Constanza Hube sostuvo que es importante contar con mayores herramientas legales y constitucionales para abordar la migración irregular e ilegal. Por ello, valoró las propuestas presentadas por los ministros de Justicia y de Seguridad, las que calificó como “robustas y sensatas”.
Hube precisó que los proyectos apuntan, por una parte, a personas que ya cuentan con una orden de expulsión dictada por un tribunal y, por otra, al delito de tráfico de migrantes. “Son dos medidas bastante específicas y concretas”, afirmó.
Respecto de las comparaciones con las políticas migratorias de la administración Trump, la parlamentaria las calificó como “una caricatura”. Añadió que los ministros fueron claros al señalar que no se trata de perseguir personas, sino a quienes ya tienen decretada una expulsión, ya sea por resolución judicial o administrativa, que son las dos vías contempladas en nuestra legislación para expulsar a personas que se encuentran irregularmente en Chile.