La Comisión de Minería dio inicio a la discusión general del proyecto de ley que estabiliza y protege las tarifas eléctricas (boletín 18384), iniciativa presentada por el Ejecutivo.
En la sesión, la ministra de Energía, Ximena Rincón, presentó los principales lineamientos de la propuesta. Destacó que el servicio eléctrico constituye un elemento esencial para el desarrollo del país y representa un gasto relevante para los hogares.
En dicho marco, subrayó la necesidad de adoptar medidas que permitan entregar certezas y apoyo a las familias.
Ejes del proyecto
La secretaria de Estado enfatizó que se trata de un servicio esencial para el desarrollo del país y de alto impacto en los presupuestos familiares. Detalló que el proyecto se estructura en tres ejes principales.
El primero de ellos, mencionó la ministra Rincón, apunta a la rebaja y certeza de las tarifas eléctricas, mediante la extensión del subsidio respectivo hasta el año 2027, con el propósito de aliviar el gasto de los sectores más vulnerables. Asimismo, contempla un mecanismo de mitigación para las alzas proyectadas en las regiones de Los Ríos y Los Lagos, a través de un sistema solidario que permitirá distribuir gradualmente estos incrementos. A ello se suman instrumentos destinados a contribuir a la reducción de los precios de la energía.
El segundo eje se enfoca en la regularización de las deudas acumuladas con las empresas distribuidoras entre 2020 y 2024, periodo que registra importantes atrasos. Según se detalló, este proceso se realizará sin afectar las cuentas de los usuarios, mediante un cargo único de 5 pesos por kW/h, cuyo cobro se iniciará en 2028, en un contexto en que se proyecta una baja en las tarifas eléctricas. Con ello, se busca resolver la morosidad histórica del sistema, resguardando el presupuesto de las familias.
Junto a lo anterior, la propuesta establece medidas para ordenar los procesos tarifarios de transmisión y distribución, fijando plazos que permitan evitar retrasos y reliquidaciones, además de incorporar mecanismos para que las empresas corrijan eventuales errores y restituyan montos a los clientes.
El tercer eje está orientado a fortalecer la seguridad y calidad del suministro eléctrico, con medidas que permitan anticipar situaciones de alta demanda o contingencias climáticas que puedan generar congestión en los sistemas y eventuales interrupciones del servicio.
Del debate
En el marco de la exposición del proyecto, parlamentarios y parlamentarias formularon diversas inquietudes respecto de su implementación y efectos concretos en la ciudadanía. Así, por ejemplo, solicitaron precisiones sobre la estimación de la rebaja efectiva de las tarifas eléctricas para los clientes regulados en caso de que prosperen las renegociaciones voluntarias de contratos. Particularmente, requirieron conocer qué porcentaje de dicha reducción se traspasará de manera real a los usuarios finales.
Asimismo, consultaron qué medidas se adoptarán si las empresas no se acogen a la adecuación contractual y cómo se garantizarán beneficios en ese escenario. También plantearon la opción de acceso para clientes libres en grandes ciudades y pidieron claridad sobre la entidad que administrará.
Por otra parte, preguntaron qué ocurrirá si las empresas no se acogen a los mecanismos de adecuación contractual propuestos y qué herramientas contemplará el Ejecutivo para asegurar que, incluso bajo ese escenario, los consumidores se beneficien de las actuales condiciones del mercado eléctrico.
En materia financiera, los legisladores pidieron claridad sobre el funcionamiento de la entidad encargada de liquidar la deuda acumulada, así como de las condiciones en que operará este proceso.
Finalmente, expusieron la necesidad de ingresar una indicación que permita aumentar el subsidio eléctrico, considerando el alza sostenida del costo de la vida, especialmente, en los hogares más vulnerables, en comparación con el beneficio vigente.