La Cámara de Diputadas y Diputados acordó manifestar al Presidente de la República, José Antonio Kast, su preocupación por los impactos del recorte fiscal en la implementación de la nueva Ley de Convivencia Escolar y la política nacional de convivencia educativa. Esto, ante el riesgo de no contar con los recursos suficientes para fortalecer los programas de salud mental en establecimientos educacionales, los cuales son indispensables para abordar seriamente los problemas de violencia en las escuelas.
El texto aprobado, y que promovió la diputada Emilia Schneider, afirma que “las y los diputados de esta Corporación reconocen que existe un aumento preocupante de la violencia escolar, donde se observa un aumento en las denuncias por maltrato a miembros de la comunidad educativa, especialmente en los establecimientos particulares subvencionados y que genera altos niveles de estrés en los profesores y estudiantes de la comunidad”.
Al mismo tiempo, recuerda que el Congreso despachó en el mes de enero la ley sobre convivencia, buen trato y bienestar de las comunidades educativas (Ley 21.809), cuyo objetivo es prevenir y erradicar el acoso escolar, la discriminación y todo tipo de violencia en los establecimientos educacionales. Asimismo, que ante la instrucción del Ejecutivo de recortes presupuestarios, surge la preocupación del impacto que esto puede tener en programas vigentes en materia de convivencia escolar y salud mental en el ámbito educativo.
Nombramientos
La Sala de la Corporación, además, aprobó durante esta semana la Solicitud de Resolución 5, que pide al Primer Mandatario tomar las medidas administrativas que correspondan para dejar sin efecto los nombramientos efectuados durante los últimos seis meses del gobierno del ex Presidente Gabriel Boric.
La petición presentada a la Sala por diputadas y diputados de la Bancada UDI plantea que estas contrataciones han sido calificadas como un intento de “amarre” de funcionarios que comparten el pensamiento político o simpatizan directamente con los diferentes partidos que conformaban la anterior coalición de gobierno.
Estos nombramientos, agregan, incluyó la designación de funcionarios en cargos estratégicos con estabilidad o larga duración y la creación de estructuras administrativas que dificultan la modificación posterior de la gestión institucional.
No obstante, señalan, la provisión de estos cargos se realiza por la vía institucional -cumpliendo con la normativa vigente- es “cuestionable su adopción en la etapa final del mandato”.
Por último, se sostiene que la administración entrante inicia su gobierno con servicios conformados por personas que no comparten el proyecto político lo cual afecta la capacidad de las nuevas autoridades para implementar programas y organizar equipos de trabajo.