La Comisión de Derechos Humanos recibió a la directora del Servicio Médico Legal, Marisol Prado, y al director del Registro Civil e Identificación, Omar Morales. El objetivo de la cita fue completar su presentación ante el grupo parlamentario, iniciada en una sesión anterior, y responder consultas de las y los legisladores respecto de los procesos de reconocimiento de fallecidos no identificados.
Marisol Prado explicó que el Servicio Médico Legal (SML) tiene la responsabilidad de realizar los procedimientos necesarios para la identificación o corroborar una identidad presunta mediante dactiloscopía, odontología o genética forense, bajo validación científica. Estos procedimientos exigen, obligatoriamente, contrastar las muestras con datos del Registro Civil o con perfiles biológicos de familiares directos.
Por lo anterior, señaló que la condición de “identificable” no depende únicamente de la apariencia del cuerpo, sino de la existencia de antecedentes verificables y comparables de fallecidos no identificados.
Acotó que la verificación de identidad se inicia a partir de la orden de autopsia emitida por el Ministerio Público, obligando con ello al SML a ejecutar dicha verificación.
Comunicó que la permanencia de fallecidos no identificados en el SML responde a la falta de identificación o de reclamo por parte de familiares. Aclaró que, por normativa, el organismo no puede disponer de ellos unilateralmente, debiendo coordinar cada proceso de inhumación bajo instrucciones estrictas del Ministerio Público.
“No existe un protocolo que diga que los cuerpos tienen que permanecer un tiempo máximo en el Servicio Médico Legal; todas esas dependencias se hacen a través de Fiscalía”, acotó.
Procesos de identificación
La directora del SML indicó que la región Metropolitana cuenta con cámaras de tránsito y de conservación de cuerpos de larga data; todas destinadas a las distintas etapas del proceso pericial.
Respecto a la habilitación de contenedores de conservación adicionales en la sede Metropolitana, indicó que se comenzaron a utilizar de manera preventiva en julio de 2025. Esto se generó ante la evidencia de un aumento en la cantidad de cuerpos no retirados y que permanecen en custodia del SML.
Planteó que esta situación se produce tanto por la ausencia de la autorización de la Fiscalía para la inhumación, como por demoras en el retiro por parte de familiares, muchas veces asociadas a factores económicos o personales. “El costo de reclamación es muy alto para las familias y eso ha significado que las personas permanezcan en el Servicio Médico Legal, a pesar de que ya fueron identificadas”, añadió.
Por su parte, Omar Morales indicó que, hoy día, cuentan con una tecnología de alto estándar. Además, resaltó que trabajan en conjunto con las fiscalías, policías, Poder Judicial y Servicio Médico Legal.
“Evidentemente, cuando hay que realizar una pericia respecto de identificar personas, el llamado de realizar esta acción es el Servicio Médico Legal. Si el Servicio Médico Legal, con la información que entregan las policías y fiscalías no logra hacerlo, recurre a una coordinación con nosotros”, afirmó.
Frente a ello, informó que tienen dos niveles para realizar este requerimiento. Uno de ellos es a través de un Sistema Interconectado. “Cuando esta opción no funciona, el segundo nivel lo realizan peritos del Registro Civil que están en una unidad de dactiloscopía”, acotó.
Mirada parlamentaria
Las y los diputados mostraron preocupación por los plazos de los procesos de identificación de fallecidos no identificados, las brechas informáticas que presenta el SML y sus avances metodológicos.
Asimismo, expresaron inquietud por la ausencia de protocolos para el resguardo de los cuerpos en el SML y la cadena de custodia.
Adicionalmente, pidieron conocer si existe un registro de pesquisas de identificación en el caso de osamentas y cuánto es el tiempo de permanecía que los cuerpos pueden estar en SML sin identificación.