Comisiones inician análisis de proyectos para mejorar la seguridad escolar

Esta semana, la Cámara comenzó el análisis de dos proyectos que tienen como objetivo mejorar la seguridad escolar. Uno de ellos inició su tramitación en la Comisión de Constitución. La norma (boletín 18155) aborda el régimen penal de delitos cometidos dentro de un establecimiento escolar o en lugares donde se desarrollen actividades curriculares o extracurriculares, y que afecten a miembros de la comunidad educativa.

La propuesta la presentó el ministro de Justicia, Fernando Rabat. Al respecto, señaló que se dispone incorporar como agravantes cometer ciertos delitos en contra de integrantes de las comunidades educativas. También se considera el perpetrarlos dentro de los establecimientos educacionales.

Tras la presentación, las y los legisladores plantearon la necesidad de revisar si estas figuras agravadas se pueden también considerar en otras áreas, como los centros de salud. Por otro lado, alertaron que no queda claro cómo se interrelaciona esta propuesta se seguridad escolar con la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.

Mejoras en seguridad escolar

El segundo proyecto de seguridad escolar lo expuso la ministra de Educación, María Paz Arzola, en la comisión del ramo. La iniciativa introduce cambios a la Ley general de Educación y a otros cuerpos legales. El objetivo es evitar el ingreso, uso, porte y posesión de elementos que pudiesen ser utilizados para agredir a otros y/o dañar la infraestructura escolar.

Con tal fin se permite revisar bolsos, mochilas o pertenencias personales de las y los estudiantes. De igual modo, se faculta a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública para efectuar la revisión de vestimentas y/o efectos personales de los estudiantes. Todo esto con pleno respeto a sus derechos fundamentales.

Otra de las medidas considera como requisito para obtener la gratuidad en la educación superior, no haber sido condenado por delitos que atenten contra la vida, la integridad física o psíquica de las personas o contra la propiedad o la infraestructura pública.

Emergencia sanitaria oncológica

Por otro lado, la Comisión de Salud recibió a la ministra de la cartera, May Chomalí. En la instancia, la secretaria de Estado entregó los antecedentes que justificaron la decisión de declarar una emergencia sanitaria oncológica.

Por ejemplo, señaló que, en 2025, hubo más de 63 mil diagnósticos confirmados de cáncer. Si la cifra se proyecta a 2035, significaría 79 mil casos nuevos. Además, destacó que, si bien la mortalidad de estos pacientes es menor, la patología se transforma en una enfermedad crónica. Esto tiene impacto en los tratamientos, cirugías, nuevas terapias y formas de diagnosticar.

Frente a este escenario, la declaratoria de emergencia sanitaria oncológica -que se encuentra en toma de razón en la Contraloría- permitirá destinar recursos frescos para abordar esta demanda.

“Cada día de retraso en el diagnóstico o en el tratamiento aumenta el pronóstico de fallecer”, resaltó la ministra. Por lo tanto, el objetivo es ampliar la red pública de salud, con preferencia para más de 25 mil pacientes con cáncer. Esto significa que, en caso de no existir disponibilidad, se derivarán a un segundo prestador. Una medida que considera paquetes integrales y no sólo una parte del tratamiento.

Otras comisiones

Durante esta semana también sesionaron otras comisiones. Aquí te compartimos los enlaces para la información de cada una de ellas: