La Comisión de Seguridad Ciudadana despachó el proyecto de ley (boletín 17371) que crea una nueva modalidad de ingreso a la Policía de Investigaciones (PDI) y modifica su Estatuto del Personal.
La iniciativa, cuyo debate contó con la participación del subsecretario de Seguridad Pública, continuará su tramitación en la Comisión de Hacienda. En dicha instancia se analizarán sus implicancias financieras.
El texto busca fortalecer la profesionalización de la institución, aumentar el personal operativo y modernizar la formación de los aspirantes investigadores. Para ello, crea el escalafón de Oficiales Policiales Investigadores, quienes deberán contar con título profesional otorgado por una institución de educación acreditada. Además, incorpora cursos de capacitación y especialización como requisito para los ascensos.
La propuesta también amplía los cargos destinados a funciones operativas. Junto a esto, establece una carrera funcionaria que contempla hasta 25 años de servicio en labores operativas y cinco años en cargos de jefatura.
PDI: Formación y dotación
El proyecto aumenta el número de aspirantes investigadores de 400 a 800, en concordancia con la ampliación de los semestres de formación impartidos en la Escuela de Investigaciones Policiales. De este modo, la Escuela podrá albergar hasta 800 estudiantes: 400 en primer año y 400 en segundo año de formación.
Asimismo, el plan formativo se amplía de dos a cuatro semestres lectivos, con el objetivo de adecuar el perfil de egreso a las actuales exigencias del servicio policial, especialmente frente a fenómenos de criminalidad organizada y delitos de mayor complejidad. La medida busca fortalecer tanto la preparación técnica como la formación en doctrina institucional y valores propios de la PDI.
Opiniones
La diputada Alejandra Placencia señaló que el proyecto fortalece la profesionalización de la PDI y promueve la formación continua de sus funcionarios y funcionarias. De tal modo, se permite mantener por más tiempo sus capacidades dentro de la institución. Así, evaluó que la iniciativa representa un avance relevante para contar con una policía más efectiva, eficiente y con mejor uso de los recursos públicos.
Explicó que durante la discusión se rechazaron disposiciones vinculadas a las atribuciones del Ministerio de Seguridad en la definición de contenidos y materias relacionadas con la formación policial. En este contexto, destacó la importancia del rol de la autoridad civil en la conducción de las policías. Asimismo, señaló que el fortalecimiento del control civil no busca mandatar a la PDI sobre lo que debe hacer, sino contar con una mirada integral sobre cómo avanza y se desarrolla la institución, especialmente, ante la necesidad de una formación policial moderna que responda a las actuales demandas del país.
El diputado Diego Schalper dijo que el proyecto busca establecer un nuevo mecanismo de ingreso y profesionalización en la Policía de Investigaciones. Esto permitirá que parte de su personal acceda a formación conducente a títulos profesionales y, en el futuro, a cursos de especialización en áreas de interés para la función policial.
Sin embargo, no consideró pertinente que los contenidos de esos cursos, las evaluaciones y sus énfasis los definan la autoridad política. De ahí que votara en contra de esa disposición. Estimó que, si bien corresponde al poder político aprobar estos marcos, dado que la PDI depende constitucionalmente del Ministerio de Seguridad, planteó que el impulso y la definición técnica de estos aspectos deben provenir de la propia institución policial.
Por tales razones, el proyecto se aprobó pero sin las normas relacionadas con la definición de los contenidos formativos, interpretación que según se señaló, coincide con el planteamiento de la propia Policía de Investigaciones.
Otros proyectos
En la misma sesión, la comisión analizó el proyecto (boletín 15308) que modifica el Código Penal en materia de quebrantamiento de condena y la forma de computar el plazo de prescripción de la pena.
El representante de la Defensoría Penal Pública, Leonardo Moreno, presentó estadísticas sobre situaciones de quebrantamiento de condena desde 2022 a la fecha. Advirtió sobre un aumento de estas conductas. Asimismo, planteó la necesidad de precisar la definición de quebrantamiento, determinar qué conductas serían sancionables y establecer con claridad el bien jurídico que se busca proteger y las hipótesis que se pretende sancionar.
Finalmente, la instancia abordó la iniciativa (boletín 16995) que modifica el decreto ley 2.859, de 1979, que fija la ley orgánica de Gendarmería de Chile, con el objetivo de resguardar la identidad de sus funcionarios ante la población penal.