Por nueve votos a favor, la Comisión de Familia aprobó en general el proyecto (boletín 17337) que prohíbe y sanciona la maternidad subrogada.
La propuesta se originó en una moción del diputado Juan Irarrázaval y la firman otros seis legisladores y legisladoras. En el texto se señala como fundamento para prohibir la maternidad subrogada en Chile, que esta es contraria a la dignidad de las mujeres, niños y niñas. También se la observa como una forma de mercantilización de la gestación.
En ese marco, la propuesta plantea establecer la nulidad de pleno derecho de los contratos de gestación por sustitución y disponer que la filiación materna se determine por el parto.
Asimismo, el proyecto tipifica como delitos la intermediación, promoción, organización y comercialización de la maternidad subrogada. Esto incluye la participación de profesionales de la salud y conductas que se aprovechen de la vulnerabilidad de las mujeres. Dichas infracciones podrían ser sancionadas con penas de presidio y multas.
La iniciativa en trámite también propone incorporar medidas preventivas en los ámbitos sanitario y de adopción. Por ejemlo, prohíbir la transferencia de óvulos con fines reproductivos o la adopción por parte de personas o parejas que hayan participado en acuerdos de maternidad subrogada.
Postura parlamentaria
La diputada Sara Concha destacó el respaldo transversal de la comisión. Estimó que refuerza la necesidad de regular ampliamente la maternidad subrogada para proteger a las mujeres y evitar ilegalidades.
En tanto, Patricio Rosas y Juan Irarrázaval advirtieron los riesgos sanitarios, éticos y la existencia de una industria que no beneficia ni a mujeres ni a niños.
Sin embargo, Arturo Barrios alertó sobre una eventual criminalización excesiva de los profesionales de la salud. En todo caso, reconoció la complejidad y los riesgos que conlleva esta práctica.
Defensoría de la Niñez
En otro segmento de la sesión, la comisión recibió al titular de la Defensoría de la Niñez, Anuar Quesille. Se refirió a la Cuenta Pública de esta entidad (julio 2024 – junio 2025) y aI informe Anual 2025, centrados en la transversalización del enfoque de derechos de la niñez y adolescencia y en la participación activa de niños, niñas y adolescentes en el análisis de sus propios derechos.
Según se informó, durante el período, la Defensoría fortaleció su rol institucional mediante la atención de requerimientos, acciones judiciales, visitas a centros de protección y privación de libertad, misiones de observación y actividades de promoción de derechos. Asimismo, intervino en proyectos de ley y en instancias del Congreso Nacional.
El informe aborda temáticas clave como medio ambiente, movilidad humana, sistema de protección y justicia juvenil. También sobre educación, salud mental y entornos digitales, así como de seguridad ciudadana. Para ello incorpora testimonios directos de niños, niñas y adolescentes.
Quesille mencionó que, a partir de dichos análisis, el organismo formula recomendaciones al Estado orientadas a mejorar políticas públicas, fortalecer la participación infantil y garantizar el interés superior de la niñez. Asimismo, destacó que escuchar sus voces es un imperativo ético y democrático (ver presentación).