Fortalecer la protección de las personas mayores, con discapacidad y neurodivergentes, como usuarios del transporte remunerado de pasajeros, es la finalidad del proyecto (boletín 17584) que comenzó su estudio en particular en la Comisión de Personas Mayores de la Cámara.
El objetivo es garantizar y fortalecer la integridad física y psíquica de los usuarios del transporte remunerado de pasajeros. Además, elevar los estándares de operación y fiscalización del sistema de transporte.
En ese plano, se modifica la Ley del Tránsito, para sumar un examen médico que respalde el requisito general de entregar una declaración jurada de salud para obtener una licencia de conducir. La idea es demostrar que no se es consumidor de drogas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas prohibidas que alteren o modifiquen la plenitud de las capacidades físicas o síquicas.
Además, la norma reduce, de cuatro a dos años, el plazo para renovar las licencias de conducir, con el fin de evaluar con mayor frecuencia la aptitud de los conductores. Asimismo, dispone que, si las personas que desean subir al vehículo son adultos mayores, personas con discapacidad o neurodivergentes, el conductor deberá otorgar el tiempo necesario para facilitar su acceso, absteniéndose de realizar comentarios o expresiones que puedan afectar su tranquilidad o dignidad, así como la de sus acompañantes.
Protección a personas mayores
El subsecretario de Transportes, Jorge Daza, señaló que considera relevante y necesario realizar controles permanentes para detectar el consumo de droga y alcohol en quienes realizan transporte de pasajeros.
Estimó que se debe especificar en la norma quienes deberán pagar los costos de los exámenes que detectan droga. “Los exámenes de drogas son caros y debe especificar quién incurrirá en ese costo”, agregó.
Asimismo, indicó que no respalda la medida de reducir el plazo para la renovación de las licencias de conducir, debido a que las municipalidades están con muchas solicitudes.
También, expuso la secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, Luz Infante. Precisó que, frente al consumo de alcohol y drogas de conductores de pasajeros, la experiencia internacional es decidora. Señaló que es necesario que se les entregue la responsabilidad a las empresas de manera periódica en su fiscalización. “Que se generen políticas internas y los test sean de forma aleatoria”, añadió.
Autor y presidenta de la comisión
El diputado, autor de la iniciativa, Roberto Arroyo, recordó el accidente ocurrido en mayo de 2025, en la región del Biobío. Este tuvo como resultado el lamentable el deceso de tres personas. Además, seis quedaron con lesiones graves.
Puntualizó que el objetivo de la iniciativa es sancionar, con mayor dureza, a los choferes de transporte de pasajeros que causen lesiones a personas producto que manejan con efectos de alcohol o drogas. “Las empresas deben hacer controles más frecuentes y con responsabilidad”, acotó.
En la sesión, la presidenta de la comisión, Yovana Ahumada, indicó que existe disposición para tramitar la iniciativa. Estimó que es necesario llegar a acuerdos que entreguen certezas en la implementación de las sanciones. Dijo que, además, están evaluando si el texto se complementa con otras iniciativas ya existentes.
Comentó, de igual modo, que existe un compromiso del Ejecutivo para implementar un protocolo que avance en el ámbito administrativo.