Analizar la crisis carcelaria por la que atraviesa el país y el preocupante nivel de hacinamiento de los centros penitenciarios, fue el objeto de la sesión de la Comisión de Gobierno Interior.
La instancia revisó las medidas que se han adoptado y aquellas que se tiene proyectado implementar para hacerse cargo de la sobrepoblación de los recintos penales. Igualmente, para enfrentar la inseguridad en estos lugares, los vínculos de algunas personas privadas de libertad con el narcotráfico y los planes para construir nuevas cárceles.
En la oportunidad, expuso el subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, quien señaló que, desde el 2022 a la fecha, la población penal creció en un 35%. Lo anterior significa que, si en esa fecha había 42 mil internos, hoy la cifra bordea los 63 mil.
Dicha situación resulta preocupante, además, porque, dada la realidad actual, no existe una proyección de llegar a una meseta o una estabilización, pues todos los estudios sostienen que la cifra seguirá aumentando el próximo año.
Muñoz informó a las y los diputados que la sobrepoblación de las cárceles llega, en promedio, al 140%. Lo anterior tiene un impacto negativo sobre los centros penitenciarios, los procesos de segmentación y reinserción de reos, así como para la labor de Gendarmería de Chile.
Por lo anterior, recalcó que se requiere de una estrategia integral, que aborde el tema de la sobrepoblación y el control de la criminalidad. Destacó que la variable que no se visibiliza en este contexto de crisis, es que se ha mantenido el presupuesto y personal de Gendarmería, habiéndose disminuido el número de episodios críticos en las cárceles.
Hacinamiento carcelario
En su exposición, el subsecretario fue enfático al agregar que el Estado tiene el control de las cárceles en Chile y que no hay ningún espacio vetado para la autoridad. Sin embargo, reiteró que producto del hacinamiento no existen las condiciones físicas para realizar el trabajo de reinserción. De igual modo, observó que hay problemas serios para separar a la población penal, para evitar o reducir el contagio criminógeno.
Las diputadas y diputados de la comisión coincidieron en la importancia de abordar la crisis carcelaria desde una perspectiva integral, considerando que se trata de un problema de Estado, que los distintos gobiernos no pudieron controlar y que hoy se ve agravado con la presencia del crimen organizado transnacional.
Al mismo tiempo, manifestaron su preocupación por la necesidad de dotar con urgencia una mayor protección al personal de Gendarmería y a sus familias, dadas las agresiones y amenazas de que son objeto.
En esa línea, comprometieron su respaldo a los distintos proyectos de ley que se tramitan en el Parlamento, en materia de infraestructura carcelaria, persecución penal, protección del personal custodio y declaración de intereses de los funcionarios, para evitar la corrupción.
Por su parte, el director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, reafirmó el compromiso del personal de la institución, así como la necesidad de trabajar en un plan maestro que permita avanzar en soluciones graduales.
Sin perjuicio de ello, dijo estar preocupado por las amenazas y situaciones de violencia que en distinto grado afectan al personal, señalando que solo este pasado lunes 1 de diciembre, cinco funcionarios resultaron lesionados, en un incidente ocurrido en el penal de Talca.