Por unanimidad, la Comisión de Hacienda aprobó y despachó a la Sala el proyecto (boletín 16374) que fortalece el Ministerio Público, luego de escuchar las exposiciones del Ministerio de Justicia, así como de los directivos y funcionarios del propio ente persecutor.
Cabe mencionar que el texto ya cuenta con la aprobación de su comisión técnica: Constitución. Hacienda, en tanto, se concentró en las materias de carácter financiero.
El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, relevó la importancia de esta iniciativa, que se complementa con la ley ya vigente que creó la Fiscalía Supraterritorial. Destacó que, con esta propuesta, se cerrarán brechas en materia de personal, al tiempo que se mejorará la función de protección de víctimas y testigos.
Más en detalle, el subsecretario Ernesto Muñoz remarcó que la propuesta representa el fortalecimiento más importante de la Fiscalía desde su creación. Esto pasa tanto por un aumento de dotación como por modificaciones al modelo orgánico. También considera la modernización de mecanismos de gestión institucional e incentivos remuneracionales de su personal.
819 nuevos cargos en cuatro años
Respecto de la dotación, el subsecretario de Justicia especificó que se incorporarán al organismo, en un periodo de cuatro años, 819 cargos, según el siguiente desglose:
- 4 jefes de unidad.
- 205 fiscales adjuntos.
- 337 profesionales.
- 118 técnicos.
- 150 administrativos
- 5 auxiliares.
Con este incremento de dotación se llegará a 1034 fiscales adjuntos. De tal modo, se espera reforzar el personal destinado a la tramitación de causas. Esto incluye la creación y reforzamiento de unidades especializadas dedicadas a delitos de mayor complejidad y violencia. También considera fortalecer la operación de los sistemas de turnos y flagrancia, entre otras metas.
Por otra parte, se perfeccionará la atención de víctimas y testigos. La idea es tener una atención oportuna y fomentar la comunicación con los usuarios. Asimismo, se mejorará la cobertura y oportunidad, junto con equilibrar la carga actual en las unidades regionales.
Otras mejoras pasan por la creación de la Unidad de Supervisión de la Persecución Penal; la reestructuración de divisiones funcionales; la homologación de la asignación profesional que percibe el resto del aparataje público para administrativos y auxiliares con título profesional; la reincorporación de los fiscales regionales como fiscales adjuntos; perfeccionamiento de los mecanismos de incentivos institucionales de desempeño para fiscales y funcionarios.; y la creación de una unidad de probidad interna, entre variados temas.
Llamado a aprobar el fortalecimiento del Ministerio Público
En la sesión, también expusieron la directora ejecutiva nacional de la Fiscalía, Mónica Naranjo; el director de la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público (Anfumip), Eric Ramírez; la presidenta de la Asociación Nacional de Fiscales del organismo, (ANF), Patricia Ibarra; y la presidenta de la Asociación Nacional de funcionarios y funcionarias (Fiscalía Centro Norte), Macarena Pino.
En términos generales, hubo coincidencia en el diagnóstico de que la entidad enfrenta una crisis en término de recursos humanos. Esto, dado por el aumento de materias a las que deben abocarse los fiscales y por el alza de la criminalidad en el país. De ahí, que relevaron la urgencia de aprobar este proyecto para fortalecer al ente persecutor y reducir la presión de cantidad de causas por equipo de trabajo (800 en promedio). De igual modo, se valoraron las mejoras en asignaciones.
Por otra parte, se pidió no desatender otras demandas para mejoras futuras, por ejemplo, en materia de carrera funcionaria e incentivo al retiro.
Las y los diputados recibieron con atención las exposiciones, concordando en la necesidad de un fortalecimiento de la Fiscalía. Sin embargo, igualmente se mostraron interesados en conocer el detalle de los recursos involucrados, la forma en que se determinó el aumento de dotación y el origen y provisión de los recursos.
En respuesta, el Ejecutivo aclaró que la propuesta irrogará un gasto fiscal de $15 mil 395 millones al momento de su publicación. Este subirá gradualmente hacia el cuarto año, para alcanzar un estado de régimen al quinto año, con $47 mil 550 millones. El monto incluye gasto en personal ($40 mil millones), bienes y servicios de consumo y la adquisición de activos no financieros.
Se aclaró que los recursos provienen de la Ley de cumplimiento tributario y que están provisionados en la partida del Tesoro Público. Ahora, respecto de cómo se conformó el programa, se informó que influyeron diversos estudios previos al proyecto, así como el trabajo conjunto con el Ministerio Público.