La Comisión de Recursos Hídricos comenzó el análisis del proyecto que modifica la Ley 18.902, que crea la Superintendencia de Servicios Sanitarios para establecer un estándar mínimo de reducción de aguas no facturadas (boletín 17872).
El autor de la iniciativa, diputado Víctor Alejandro Pino, dijo que se busca incorporar un estándar mínimo de aguas que se pierden, ya sea por suministro de bomberos, por robo o uso ilegal. También, la que se pierde por fugas o por no ser contabilizada por medidores que son robados o que están manipulados. Precisó que, en promedio, alcanza a un 32,9% en las diversas empresas sanitarias que operan en el país.
A su vez, criticó que, en el marco del cuidado del agua, no se mejore la gestión hídrica de las empresas, en lo referido al cumplimiento de programas de inversión. Además, mencionó que se usa ineficientemente el recurso vital, que es cada vez más escaso. Dicha situación, planteó, pone en riesgo la sostenibilidad ambiental.
Por otra parte, dijo que se busca generar una institucionalidad que ayude a fiscalizar el tema de la pérdida de agua. Según expuso, hasta ahora, hay fugas que se mantienen por semanas en diversos sectores del país.
Si bien, el diputado Pino reconoció que existe un compromiso para disminuir el porcentaje de aguas no facturadas de parte de las sanitarias con la Superintendencia de Servicios Sanitarios, con el proyecto se pretende alcanzar un porcentaje inferior de pérdidas del recurso hídrico, para llegar a un 20%. Para esto se definen multas de dos mil Unidades Tributarias Anuales.
La idea es que los prestadores de servicios sanitarios incluyan en su informe anual de gestión sobre aguas no facturadas -que representan la diferencia entre agua producida y el volumen facturado-, el volumen de pérdidas físicas de agua en infraestructura, pérdidas aparentes, ilícitos, consumo de campamentos no registrados y otros usos.
Finalmente, añadió que se fijan normas transitorias que excluyen del pago de la multa a las sanitarias que vayan cumpliendo ciertos requisitos de disminución del porcentaje en los primeros 10 años de publicada de la ley.
Reacciones
Las y los diputados realizaron diversas consultas al titular de la citada Superintendencia, Jorge Rivas. Así, por ejemplo, Chiara Barchiesi pidió conocer si estas aguas no facturadas pasan a la cuenta de las personas.
En tanto, Nelson Venegas consideró contradictoria la pérdida de agua potable, con el alza de tarifas que operará con motivo de la escasez hídrica. Igualmente, que se autorice el alza si no se invierte en infraestructura.
Por su parte, María Francisca Bello lamentó que las sanitarias tengan derechos de agua a perpetuidad, mientras que en las comunas se pierde el agua y corre por las calles.
El superintendente Rivas manifestó que el costo económico del agua que se pierde lo asumen las sanitarias y descartó que se traspase a los ciudadanos.
Respecto a las tarifas, señaló que las alzas no asumen las pérdidas de agua. Explicó que donde operan Esval y Aguas Andinas existe una escasez extrema y sostenida del recurso hídrico. En tal plano, el aumento de tarifa busca financiar el alza en costos de construcción de infraestructura y busca solventar lo que se requiere para operar.
En cuanto al acuerdo voluntario de las empresas, indicó que existe un compromiso que permitirá fiscalizar y sancionar. Así, se priorizará a las empresas que superan el 40% de aguas no facturadas y algunas ciudades donde existe mayor escasez hídrica. Además, se fiscalizará el tiempo de respuesta de las empresas en aguas que escurren.
Nuevo límite de sobreconsumo de aguas
En otra materia, el superintendente Jorge Rivas abordó el nuevo límite de sobreconsumo de agua que se aplicará en temporada estival. La medida, que se extenderá gradualmente con la implementación de nuevos decretos tarifarios, afectará inicialmente a usuarios de las empresas Aguas Andinas y Esval.
La autoridad informó que la disminución del límite de consumo bajará de 40% a 30% metros cúbicos por mes. Afectará a cerca del 11% de los hogares que atienden dichas empresas.
Sobre el punto, comentó que este límite no se modifica desde los años 90, cuando existía un escenario de abundancia hídrica y no se pensaba en la sequía. Además, planteó que el consumo promedio de los hogares disminuyó del 20% al 13,7%.
Rivas agregó que, en este escenario de escasez hídrica, existen peaks por mayor uso de agua en verano. Este hecho está agotando las fuentes de aguas como ríos y pozos. Por esto, habría que invertir en desalación, reúso y conducción de aguas. De este modo, se busca un “consumo responsable” para disminuir los altos consumos de verano y posponer nuevas inversiones onerosas de nuevas fuentes de agua.
“La tarifa de consumo busca recaudar el sobrecosto que producen al sistema los usuarios de mayores consumos de verano. Es decir, se les cobrará sólo a ellos”, recalcó el superintendente.
Finalmente, indicó que esta fórmula se ocupa dentro de las posibilidades de la actual normativa. En otros países, aclaró, se aplica una estructura de tramos de crecimiento de consumo, tema que se encuentra estudiando el organismo.