La Comisión de Gobierno Interior inició la discusión general del proyecto (boletín 17927) que introduce modificaciones a la ley de la Contraloría General de la República. Además, la propuesta considera diversas normas sobre responsabilidad administrativa y probidad.
La propuesta se originó en un mensaje del Ejecutivo, refundido con dos mociones de diputadas y diputados (boletines 17621 y 17666). Se propone fortalecer el rol del organismo fiscalizador y modernizar las normas de responsabilidad y probidad en el sector público chileno.
La iniciativa forma parte de la Estrategia Nacional de Integridad Pública (ENIP), lanzada en 2023, que busca construir una cultura de integridad transversal en el Estado.
También se enmarca dentro de una agenda legislativa anticorrupción del gobierno actual, junto con leyes ya promulgadas como: Estatuto de Protección al Denunciante (Ley 21.592), Ley de Delitos Económicos (Ley 21.595), Modernización de Compras Públicas (Ley 21.634), Transparencia Financiera del Estado (Ley 21.683) y Creación del Servicio de Auditoría Interna de Gobierno (Ley 21.769).
Segpres
La ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, expuso los aspectos claves del proyecto. Destacó que la norma representa un avance significativo en la modernización de la obtención de datos en la administración pública. Sobre ello, subrayó la importancia del acceso a la información financiera y bancaria institucional.
Asimismo, resaltó la relevancia de la fiscalización de corporaciones y asociaciones municipales y regionales por parte de la Contraloría General de la República (CGR). Señaló también la consagración legal del Centro de Estudios de la Administración del Estado, lo que contribuye a clarificar las fuentes de responsabilidad administrativa y a verificar los hechos en los procedimientos de control.
Indicó que otras modificaciones se orientan a modernizar las reglas aplicables a los sumarios llevados por la Contraloría, fortaleciendo la transparencia, la eficiencia y la eficacia en los procesos de fiscalización del Estado.
La autoridad explicó, asimismo, que ante una constatación de vulneración grave del principio de probidad o hechos que pudieren ser constitutivos de notable abandono de deberes de alcaldes o gobernadores, previo a un sumario administrativo, la CGR podrá requerir al Tribunal Electoral o al Tribunal Calificador de Elecciones, según corresponda, para aplicar la causal de remoción.
Ahora, informó que el Consejo de Defensa del Estado podrá asumir el patrocinio a fin de perseguir la remoción. En caso contrario, le corresponderá a la CGR.
Contraloría
Entre otras observaciones, la contralora general de la República, Dorothy Pérez, recalcó la necesidad de reforzar una norma de la Ley 10.336, que regula la organización y atribuciones de la entidad. Apuntó a la disposición que regula las facultades del contralor para requerir información y ejercer control directo sobre los organismos y funcionarios públicos, que este proyecto perfecciona.
Destacó que la modificación a dicha norma (artículo 9) mejora la oportunidad en la entrega de la información y otorga la posibilidad de acceder a datos masivos de las entidades fiscalizadas, sin depender de la suscripción de convenios de colaboración que, hasta hoy, quedan sujetos a la voluntad de las partes.
Asimismo, estimó que permite realizar cruces de información a gran escala, superando el análisis limitado a muestras de datos y favoreciendo la detección de patrones de comportamiento administrativo o financiero.
Por otra parte, planteó que el proyecto refuerza la transparencia del sistema financiero público, al facultar a la Contraloría para acceder de manera directa y periódica a la información bancaria de las instituciones del Estado, fortaleciendo, así, la lucha contra la corrupción y el mal uso de los fondos públicos.
En tal línea, dijo que el acceso directo de la Contraloría a la información bancaria permitirá recibir los datos de manera oportuna, sin intermediarios, asegurando su integridad y fidelidad. Esto será de especial importancia en procesos sensibles, como el pago de remuneraciones o a proveedores.
Evaluó que esta medida facilitará la detección de cuentas o giradores no autorizados, así como de transacciones no contabilizadas por las entidades, reduciendo el riesgo de fraude. Además, proporcionará un método alternativo de fiscalización, cuando no existen conciliaciones bancarias actualizadas y posibilita el uso de tecnologías avanzadas para el análisis masivo de la información financiera.