La comisión que analiza la admisibilidad de la acusación constitucional, en contra del exministro de Energía, Diego Pardow, en el contexto del error de cálculo y cobro en exceso en las cuentas de electricidad en que incurrieron las empresas del sector, avanzó en sus audiencias para abordar el hecho y procedencia del libelo presentado.
Para ello, la instancia recibió al biministro de Economía y Energía, Álvaro García. Asimismo, al doctor en derecho, Domingo Lovera, y al abogado especialista en materia de energía, Rodrigo Castillo.
La acusación fue presentada por un grupo de diputadas y diputados que consideran que Diego Pardow infringió la Constitución al no resguardar el principio de probidad administrativa. Esto, con ocasión de la fijación de precios del sistema eléctrico nacional, vigentes desde el 1 de enero de 2024 y la emisión de documentos de pago erróneamente calculados. (Leer nota relacionada)
Sin responsabilidad directa
Sobre los hechos que dieron origen a esta acusación, el ministro García relató que, en 2017, cambió la metodología de cálculo del precio de nudo. En dicho proceso se consignó un error que, al aplicarse, se hizo efectivo. Asimismo, en el caso de Transelec, este se debió a un error en la propia estimación de sus bienes.
Añadió que el cobro en exceso no se vincula con el alza general de las cuentas de electricidad. Estas, aseguró, corresponden en un 58% al congelamiento de las tarifas producto del estallido social y pandemia. En dicha línea, el efecto del error tarifario (generadoras más Transelec) representaría solo un 2% del alza de las cuentas de luz.
El ministro de Estado también aseguró que esta situación no tuvo impacto ni en el IPC ni en otros indicadores económicos. “No ha tenido impacto significativo en sus bolsillos (de las familias) y no ha tenido impacto en la economía”, remarcó.
Por su parte, Rodrigo Castillo amplió la información indicada por el biministro sobre el origen del error con las generadoras. Al respecto, señaló que en el proceso tarifario de 2017 se puso un guarismo que consideró un efecto inflacionario adicional que no correspondía. Luego, este se fue actualizando, sin verificarse el error. Acotó que el punto no se detectó antes debido al congelamiento tarifario y la postergación del cobro de saldos e intereses, que empezó a operar después de 2022.
Castillo también precisó que los dineros no se han cobrado en las cuentas. “Si bien los clientes no han adelantado plata propia a las empresas estas lo han recibido del sistema financiero”.
En cuanto a la responsabilidad del exministro Pardow, para Rodrigo Castillo esta no correspondería ya que, si bien es su deber firmar el decreto tarifario, deposita su confianza en el organismo técnico que lo desarrolla, que es la Comisión Nacional de Energía (CNE).
En términos similares, Domingo Lovera reafirmó el rol técnico e independiente de la CNE. Dijo, incluso, que sostener una acusación de este tipo en contra de un ministro por no revisar y corregir un documento técnico pone en riesgo la eficiencia del Estado mismo. Consideró que implicaría duplicar funciones y suplantar las tareas de un ente que tiene justamente ese perfil asignado.
El especialista constitucional añadió que, a su juicio, parte de las acusaciones se basan en conjeturas y no en normas constitucionales.