Por 1 voto a favor, 127 en contra y 15 abstenciones, la Sala de la Cámara rechazó la apelación de la defensa del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, respecto de que la acusación constitucional en su contra no cumplía con los requisitos formales para su presentación.
La denominada “cuestión previa” se invocó al inicio de la sesión. En su argumentación, el abogado Domingo Hernández sostuvo que ésta se sustenta en dos materias. La primera de ellas es que existiría un vicio de inhabilidad manifiesta de algunos de los diputados promotores de la acusación. Según afirmó, Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini tendrían un interés directo y personal en el asunto. Dicha situación estaría vedada por la Constitución, las leyes y el reglamento de la Cámara.
Particularmente apuntó a la querella que los legisladores presentaron en el contexto del denominado “caso audios”, vinculado al abogado Luis Hermosilla. En dicha causa se acusarían supuestos delitos como cohecho en contra de Ulloa y otros eventuales responsables.
“La acusación adolece de un vicio de inadmisibilidad formal, ya que fue promovida por parlamentarios legal y reglamentariamente inhabilitados para ello”, sentenció.
El segundo punto que argumentó es que el libelo consideró hechos ya juzgados por el Poder Judicial. Esto estaría consignado en el proceso seguido por la Corte de Apelaciones de Santiago, que sancionó con cuatro meses de suspensión al magistrado. También en el procedimiento de apelación seguido ante la Corte Suprema, que rebajó a dos meses la sanción. Finalmente, se consagró en el rechazo a la remoción del juez Ulloa, definida por empate en el alto juzgado.
Así, remarcó que no procede que este Congreso Nacional se aboque a una causa ya juzgada y sancionada. “El punto que hace al debido procedimiento es la calificación jurídica de los hechos que no se pueden cambiar. Los hechos son exactamente los mismos, no hay nuevos hechos en la acusación constitucional”, puntualizó.
Criterios desde la comisión de acusación
Luego de la presentación de la defensa del ministro Ulloa, expusieron dos de los cinco integrantes de la comisión que analizó la admisibilidad del libelo acusatorio. Cabe recordar que el grupo parlamentario recomendó aprobar la procedencia de la acusación.
El diputado José Carlos Meza lamentó la ausencia de los parlamentarios acusadores. Criticó que no estuvieran durante la tramitación en la comisión ni en la Sala, calificando la situación como “deplorable”.
En cuando a la cuestión previa, explicó que, a su juicio, los argumentos expuestos por el abogado resultan insuficientes para desestimar la acusación. El legislador sostuvo que no se justifica que la defensa se sustente en la causal de inhabilidad. Esto, porque una querella presentada por un parlamentario, aun sin ser víctima directa, responde a un interés general y no personal.
Además, precisó que el principio de no ser juzgado dos veces por una misma causa no aplica en este caso. Planteó que se trata de una sede distinta, con rango y normas diferentes. Enfatizó que corresponde a la Cámara, en representación de la ciudadanía, resolver si la acusación continúa su tramitación y, al Senado, pronunciarse como jurado sobre el fondo del proceso.
Luego, el diputado Frank Sauerbaum sostuvo que los hechos que se imputan a Ulloa configuran la causal de notable abandono de deberes. Consideró que existe un patrón reiterado de vulneración a los derechos esenciales. Esto constituiría un abandono integral de las obligaciones del cargo, así como del compromiso ético que exige la administración de justicia y a quienes la imparten.
Entre las conductas, mencionó la filtración de información reservada en diversas causas y sobre sumarios internos de la magistratura. Tampoco, se inhabilitó en causas donde participaron los abogados Hermosilla y Donoso, con quienes sostenía relaciones personales y sociales estrechas, entre otras.
En tal sentido, respaldó la acusación. “Tengo la convicción que existe pérdida de idoneidad ética y su actuar se aleja de los valores que sostienen el poder judicial”, recalcó.
Luego de las exposiciones, se procedió a la votación, con el resultado ya indicado. Tras ello, conforme a lo definido en la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, se procedió a analizar el fondo de la acusación. Para ello se partió con la presentación del informe de la citada comisión, a cargo de la diputada Alejandra Placencia.