La Comisión de Vivienda abordó el desalojo de un grupo de viviendas en la región de Arica y Parinacota. Para ello, recibió a Gabriela Chamorro y Patricia Choquehuanca, de la agrupación “Arica no se desaloja”, quienes denunciaron que 120 personas quedarían fuera de sus hogares, acusando falta de apoyo ministerial y retiro arbitrario de los subsidios habitacionales D49.
La situación que afecta a estas familias surge de la aplicación de la Ley 17.635, que regula el cobro ejecutivo de créditos habitacionales. La norma faculta a los servicios de vivienda a demandar la restitución de subsidios cuando se verifica que los beneficiados no habitan la vivienda.
Las dirigentas criticaron la forma en que ha actuado el Serviu de Arica y que la citada ley no permite un juicio justo y da pocas posibilidades de defensa a las familias. Además, denunciaron que las fiscalizaciones se realizan en horarios en que la mayoría de las personas no están en sus hogares -a las 10 de la mañana- y que no se toman en cuenta las justificaciones válidas presentadas.
Desde el Ministerio de Vivienda, la asesora legislativa, Jeannette Tapia, aclaró que el Ministro Carlos Montes se reunió con una dirigenta, oportunidad en que explicó que no tiene facultades para intervenir, ya que esto se encuentra en sede judicial. Además, dijo que en los casos judicializados se cumplió con todos los requisitos legales. Es decir, se realizaron las tres visitas inspectivas; se constituyó el título ejecutivo y se avanzó con la tramitación de los procedimientos judiciales.
No obstante, Jara compartió la apreciación que la ley da poco espacio de defensa y recalcó que el ministro planteó que no es posible modificar las situaciones actuales pero que, a futuro, sería pertinente impulsar un cambio legal considerando la antigüedad de la norma.
Críticas parlamentarias y acuerdos
El diputado Enrique Lee, representante del distrito de Arica, consideró esta respuesta como inaceptable. Añadió que el servicio podría desistirse o inhabilitarse en las acciones judiciales. Al respecto, solicitó que se oficie al Ministerio para que informe, desglosado región por región, el número de desalojos por vía judicial que se han realizado en el país desde el año 2022 en adelante.
La presidenta de la instancia, diputada Emilia Nuyado, en tanto, planteó requerir a la cartera información de cómo se aplica el procedimiento judicial. Además, los motivos por los cuales se aplicó de manera tan rápida y drástica en este caso; las posibles soluciones para las familias desalojadas e indicar si se ha contemplado alguna modificación normativa.
Pago constructoras viviendas sociales
En la misma sesión, la instancia continuó recibiendo antecedentes sobre la falta de recursos para el pago y entrega de anticipos por parte del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región Metropolitana a las constructoras de viviendas sociales.
Para ello escuchó a los gerentes de Planificación y Control de Gestión y de la Banca Institucional del Banco Estado, Camilo Vio y David Durán, respectivamente. Los personeros expusieron sobre los principales productos de la entidad bancaria, destacando la herramienta denominada “confirming”. Esta permite a proveedores, especialmente Mipymes, anticipar el cobro de facturas validadas por instituciones públicas. (ver presentación)
Explicaron que este sistema se ha consolidado como un mecanismo de gestión de pagos desde 2009 y que, actualmente, opera tanto en el ámbito estatal como en el privado.
Al respecto, David Durán informó que en el periodo 2024-2025, existen 45 contratos de este tipo con empresas privadas y 20 con instituciones públicas, incluidos los 16 Serviu del país, Senapred, el Ministerio de Obras Públicas y la Dipres. Además, un aumento del stock del confirming estatal de 90.402 millones en 2024 a 150.455 millones en 2025.
Estas cifras, no obstante, generaron preocupación en algunos parlamentarios, entre ellos el diputado Juan Fuenzalida, quién consultó por qué se triplicaron en un año. Por esta razón, la comisión acordó oficiar al Presidente de Banco Estado para que entregue un informe en detalle del aumento de las operaciones de confirming comprometidas para el desarrollo de proyectos habitacionales.
Comisión para el Mercado Financiero (CMF)
Por su parte, Bernardita Piedrabuena, representante de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), expuso sobre el modelo de supervisión basada en riesgos que aplica el organismo (revisar presentación).
Indicó que la Ley General de Bancos autoriza operaciones de factoring y confirming, y que la CMF no regula aspectos específicos de estas operaciones, como tasas, montos o número de transacciones. No obstante, advirtió que los bancos están obligados a aplicar una adecuada gestión de riesgos, estableciendo provisiones y evaluaciones para absorber posibles pérdidas en caso de no pago.
Finalmente, la comisión también acordó oficiar a la CMF para que informe la cantidad de operaciones bancarias entre 2024 y 2025, en virtud del convenio de Banco Estado y el Serviu de la Región Metropolitana. Así también, de todos los créditos y operaciones bancarias que han solicitado empresas constructoras para financiar proyectos habitacionales, con subsidios otorgados, a otros bancos e instituciones financieras.