La Sala de la Cámara aprobó un proyecto de ley (boletín 17615) que modifica la Ley 18.695, orgánica constitucional de municipalidades. Su objetivo es incorporar mecanismos de control del comercio ambulante informal e ilegal.
La iniciativa, derivada a segundo trámite, establece que las municipalidades podrán adoptar, dentro del ámbito de sus competencias, acciones y medidas orientadas a la recuperación de espacios públicos afectados por el desarrollo del comercio ambulante o estacionado, sin cumplir con la normativa vigente.
En cuanto a las atribuciones de los alcaldes, la norma establece que deberán informar, trimestralmente, al Consejo Comunal de Seguridad Pública sobre el número de permisos otorgados para ejercer el comercio en espacios públicos y las condiciones de otorgamiento y mantención.
Junto con ello, les corresponderá dar cuenta pública del número de permisos otorgados para el comercio ambulante. Asimismo, comunicarán sobre las acciones realizadas durante el año para la recuperación de los espacios públicos y la disminución del comercio que no cumpla con la normativa vigente.
La norma también designa delegados para prevenir y detectar el comercio ambulante o estacionado en la vía pública. Se incorpora la facultad para coordinarse, en esta materia, con diversos organismos, como el Servicio Nacional de Aduanas y las Secretarías Regionales Ministeriales de Seguridad Pública y de Salud.
El Consejo Comunal de Seguridad Pública podrá emitir opinión sobre los permisos otorgados para ejercer el comercio ambulante o estacionado en la vía pública y el impacto que estos puedan tener. De la misma forma, el Plan Comunal deberá considerar medidas, acciones, objetivos y mecanismos de control.
Fiscalización del comercio ambulante e informal
El texto legal instituye que el comercio ambulante informal e ilegal será fiscalizado por Carabineros de Chile e inspectores fiscales o municipales. Será sancionada con multa de media UTM a dos UTM la infracción a dicha prohibición. Frente a reincidencias, la multa subirá entre dos a cuatro UTM.
Además, se faculta a los inspectores fiscales o municipales y a Carabineros de Chile para fiscalizar que no se ejerza el comercio ambulante, sin permiso municipal. En caso de contravención, se aplicará multa de media UTM a dos UTM por la infracción a dicha prohibición. La reincidencia se sancionará con una de multa dos a cuatro UTM.
El proyecto, también, considera una multa para quienes almacenen o tengan depósitos de mercancías, sin haber pagado patente municipal o con la patente vencida. Podrá llegar hasta el 200% de lo que corresponda pagar por ese concepto o de hasta 20 UTM.
La ordenanza municipal regulará el decomiso de la mercadería y su destrucción, procurando no superar el plazo de 48 horas.
Los municipios deberán retirar los vehículos motorizados, destinados al comercio ambulante y carros de arrastre que no cuenten con placa patente y permiso. Se venderán en subasta pública.
Las municipalidades deberán establecer en sus ordenanzas, los lugares donde sí se podrá ejercer el comercio ambulante. Además, deberán contener un sistema único de identificación personal con registro fotográfico autorizado para ejercerlo.
Las ordenanzas que regulen el ejercicio del comercio ambulante deberán considerar el diagnóstico del estado y situación de la comuna en materia de seguridad pública elaborado por el Consejo Comunal de Seguridad Pública y la orientación y medidas dispuestas por la municipalidad en el Plan Comunal de Seguridad Pública respectivo.
Debate
En el debate, tras la lectura del informe por parte del diputado Rubén Darío Oyarzo, las y los diputados apoyaron transversalmente el texto.
Señalaron que este proyecto establece un marco legal más claro, coherente y acorde con la realidad actual de los espacios públicos y entrega herramientas concretas de fiscalización, control y coordinación institucional.
Platearon que es urgente combatir el comercio informal que ha anegado las calles de narcotráfico, robo e inseguridad en desmedro de los locatarios de venta formal.
Por otro lado, acotaron que es necesario revisar el tema del decomiso de la mercadería y su destrucción, debido a que impide que las personas que ejecutan el comercio ilegal puedan acceder a formalizarse si le quitan sus cosas.
Intervinieron ante la Sala Bernardo Berger, Ana María Gazmuri, Andrés Celis, Rubén Darío Oyarzo, Hotuiti Teao, María Candelaria Acevedo, Andrés Jouannet, Daniel Lilayu, Marcos Ilabaca, Miguel Ángel Becker, Roberto Arroyo, Álvaro Carter, Stephan Schubert, Alejandro Bernales, Ximena Ossandón y Andrés Giordano.