Con la aprobación de las modificaciones efectuadas en el segundo trámite, la Sala de la Cámara dio luz verde a la creación del nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia. El proyecto (boletín 13991), que culminó su tramitación en el Congreso Nacional, también crea la Defensoría de Víctimas de Delitos.
El Senado efectuó variadas enmiendas al texto despachado en el primer trámite, en marzo de 2024, pero que no alteraron el fondo de la propuesta. En general, las modificaciones vinieron a complementar la redacción de la Cámara en algunos aspectos puntuales.
Igualmente, se incorporaron normas para fortalecer la institucionalidad que se crea. Así, por ejemplo, se agregó un apartado sobre los derechos de las víctimas de delitos. También se reguló el tema de los reclamos de los usuarios en contra del Servicio y se adicionaron sanciones.
Las modificaciones del Senado se aprobaron en forma unánime, en dos votaciones.
Servicio Nacional de Acceso a la Justicia
El nuevo servicio público será descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio. Se someterá a la supervigilancia del o la Presidenta de la República a través del Ministerio de Justicia. Su domicilio estará en la ciudad de Santiago y se desconcentrará territorialmente a través de direcciones regionales.
El organismo tendrá por objeto permitir el acceso a la justicia a través de:
- La entrega de orientación legal.
- Del otorgamiento de asesoría y representación jurídica a quienes no puedan procurárselas por sí mismos o pertenezcan a alguno de los grupos de especial protección.
- Apoyo sicológico y social, en los casos en que corresponda.
- De la asesoría y representación jurídica, así como el apoyo social y sicológico, de las personas naturales víctimas de delitos.
- De la promoción e implementación de programas de mediación y resolución colaborativa de conflictos.
- De la administración del sistema de mediación familiar.
Para lo anterior, el Servicio desarrollará líneas de acción y programas destinados a satisfacer las necesidades de acceso a la justicia.
Otras características del servicio
El texto, adicionalmente, define las funciones y atribuciones específicas de la entidad. Junto a ello, se norma cómo este servicio se organizará administrativamente, su personal, la dirección nacional y regional y su patrimonio.
La propuesta, además, aclara que el organismo será, para todos los efectos legales, el sucesor y continuador legal de las corporaciones de asistencia judicial del país.
También se especifica que serán usuarios de esta unidad todas las personas que requieran información y orientación en materias jurídicas. Asimismo, se le deberá otorgar asesoría y representación jurídica a quienes no puedan procurárselas por sí mismos o pertenezcan a alguno de los grupos de especial protección, como se mencionó más arriba. De igual modo, quienes sean víctimas de delitos podrán requerir asesoría y representación jurídica, así como apoyo social y sicológico.
Defensoría
En cuanto a la Defensoría de víctimas de delitos, se aclara que al Servicio deberá otorgar:
- Información y asesoría acerca de sus derechos y la forma de ejercerlos.
- Asesoría e información respecto de las medidas cautelares y de protección que pueden solicitar al fiscal a cargo y de su seguimiento, ya sea respecto de aquellas que éste pueda ordenar por sí mismo, como de aquellas que requieran autorización del tribunal.
- Orientación respecto de programas estatales a los que puedan acceder.
- Representación jurídica, a fin de permitir su participación en el proceso penal, incluyendo la ejecución de la pena. También el ejercicio de las acciones civiles destinadas a perseguir las responsabilidades derivadas del hecho punible.
- Asistencia psicosocial, para mitigar los efectos negativos del delito y evitar su victimización secundaria.
El texto aclara que las y los funcionarios de las policías tendrán derecho a acceder a las prestaciones de este servicio. Esto, en caso de ser víctimas de delitos en razón de su cargo o en el ejercicio de sus funciones.
Finalmente, entre otras variadas normas, se insta al Ministerio de Justicia a establecer estándares para asegurar la calidad de las prestaciones.
Debate en la Sala
Participaron en la discusión Andrés Celis, Ana María Gazmuri, Leonardo Soto, Camila Rojas, Daniel Lilayu, Ricardo Cifuentes, Jorge Saffirio, Eduardo Durán, Camila Musante y Alejandra Placencia.
Los discursos valoraron la creación de este nuevo servicio y, en particular, que se cree una defensoría abocada a las víctimas de delitos. Especialmente, se observó que esta entidad viene a reunir áreas y programas dispersos, para consolidar una entidad abocada a fomentar el acceso a la justicia.
En este plano, se relevó el que no solo se de asesoría jurídica, sino también apoyo sicosocial, con recursos y medidas complementarias.
Asimismo, se sostuvo que habrá mejoras para el personal de las actuales corporaciones de asistencia judicial. Igualmente, se resaltó la distribución territorial del organismo.
Por su parte, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, también destacó la importancia de este nuevo servicio que permitirá que el Estado apoye a las víctimas, incluyendo la representación en los procesos judiciales en los que se ven envueltos.
En dicho marco, al igual que hicieron algunos legisladores y legisladoras, recordó el caso del joven Alejandro Martínez González, asesinado en Llolleo, en 2008, cuyos padres promovieron aspectos relevantes de este proyecto de ley y cuya tramitación siguieron desde las tribunas.
En la sesión, de hecho, se solicitó al Ejecutivo que la ley pase a llevar su nombre, en su homenaje.