Garantizar el derecho social a la educación superior, a través de un nuevo instrumento de financiamiento, más eficiente, responsable y justo. Esa es la finalidad del proyecto (boletín 17169) FES, aprobado por la Sala de la Cámara y enviado a segundo trámite.
Para sus fines, la iniciativa unifica los actuales sistemas de financiamiento. Así, en este marco se incluyen: recompra de cartera, recarga, ejecución de garantías, aplicación de Ley 20.634, becas y Fondo Solidario de Crédito Universitario (FSCU), institucionalidad actual y recuperación de créditos de educación superior.
Los futuros beneficiarios deberán estar matriculados en una institución adscrita al nuevo instrumento. Además, deberán solicitar el beneficio con el compromiso de retribuir una vez insertos en el mercado laboral. También accederán quienes se encuentren actualmente financiando su educación superior a través del CAE o del Fondo Solidario.
El FES no generará una deuda formal para los estudiantes que lo utilicen y no considerará a los bancos. No habrá un préstamo ni tasas de interés, como es el caso de los créditos actuales. Tampoco requerirá de aval o de garantía para su asignación.
El instrumento cubrirá la duración formal de la carrera más un año adicional. Se puede realizar un único cambio de carrera. En esos casos, se cubrirá 1,5 veces la duración de la carrera más larga más un año adicional.
Retribución y costos
Los beneficiados con el FES asumirán la obligación de retribuir una vez transcurridos 12 meses después del egreso, la deserción o la eliminación académica. Las personas contribuirán en proporción a sus ingresos (hasta el 8%). Se aplicará la regla de dos años de contribución por semestre cursado, por un plazo máximo de 20 años.
La retribución se realizará a través de la Operación Renta, previo descuento mensual por planilla, para trabajadores dependientes. En el caso de trabajadores independientes, será por retención aplicada a boleta de honorarios. Las personas estarán exentas de la retribución si su ingreso bruto mensual es igual o menor a 7,5 UTM.
El proyecto de ley tendrá tres áreas de impacto en las finanzas públicas. La primera será la creación del nuevo instrumento de financiamiento público para educación superior. Se suman a lo anterior, el plan de condonación y reorganización de las deudas estudiantiles, y las adecuaciones institucionales.
La ley implicará, durante el primer año, un mayor gasto fiscal de $4.420 millones y un menor desembolso por $47.209 millones. Esta situación se vería compensada en los ejercicios siguientes. Se agregan gastos netos por $77.380 millones el segundo año y ahorros netos totales, tanto el primer año como desde el tercer ejercicio, respecto de los gastos vigentes
Según la Dipres, se proyecta un mayor ahorro de 0,013% del PIB al año 1 producto de la reorganización de los desembolsos fiscales. Se llegaría a 0,168% del PIB al año 10.
Condonación
El texto, paralelamente, propone la condonación de deudas. Será de carácter voluntario para deudores al día y obligatorio para quienes tengan garantía ejecutada, del actual sistema de créditos educativos con participación del Estado. Estos refieren al crédito con aval del Estado (CAE) y los créditos del FSCU y Corfo.
Tras una indicación en la Comisión de Hacienda, se permitirá que los beneficiarios del FES puedan optar a un porcentaje entre 50%, 75% o 100% del arancel regulado y derechos básicos de matrícula. Asimismo, se dispuso un límite máximo de 80.000 cupos para la primera postulación al FES. Se distribuirán en 56.000 para financiamiento al 100%; 8.000, al 75%; y 16.000 al 50%.
Estas enmiendas generarían un menor gasto fiscal por $65.692 millones durante el año de implementación. El monto se reduciría en el tiempo.
A la condonación por pago anticipado, podrán acceder quienes paguen el total de su deuda tras la condonación inicial. Se les rebajará el 25% del total.
Ahora, quienes ya saldaron su deuda CAE tendrán derecho a un beneficio tributario. Este consistirá en una rebaja del impuesto Global Complementario o impuesto de 2da Categoría, correspondiente a 4 UF anuales, para personas egresadas. El monto ascenderá a 6 UF anuales, en caso de no haber terminado sus estudios. Este beneficio se extenderá por 20 años.
Defensas y críticas al FES
Los informes de Educación y de Hacienda estuvieron a cargo de las diputadas Emilia Schneider y Camila Rojas, quienes también intervinieron posteriormente.
Además, participaron Diego Schalper, Agustín Romero, Francisco Undurraga, Ana María Gazmuri, Helia Molina, Sergio Bobadilla, Ricardo Cifuentes, Luis Malla, Felipe Donoso, Daniela Serrano, Stephan Schubert, Jaime Sáez, Frank Sauerbaum, Héctor Barría, Hotuiti Teao, Andrés Celis, Boris Barrera, Carlos Bianchi, Jorge Brito, Nathalie Castillo, Miguel Mellado, Jorge Saffirio, Camila Musante, Luis Sánchez, Marcia Raphael, Alejandra Placencia, Coca Ericka Ñanco y René Alinco.
Las posturas fueron divergentes. Para quienes respaldaron el proyecto este es un día histórico que responde a años de lucha y movilizaciones estudiantiles para terminar con un sistema de endeudamiento excesivo para acceder a la educación superior. Sostuvieron que el CAE significó que alrededor de un millón 300 mil estudiantes paguen intereses abultados fijados por los bancos. Asimismo, evaluaron que significó un despilfarro de 9 billones de pesos para sostener el sistema.
Argumentaron que el nuevo financiamiento público es un sistema justo, que permitirá un pago proporcional a los ingresos reales de los profesionales. Además, resaltaron que tendrá un tope respecto a lo que pagan hoy. Adicionalmente, quienes ganen menos de 500 mil pesos estarán exentos de pago. En esta línea, plantearon que el FES permitirá la movilidad social.
Mientras que, para sectores de oposición, este proyecto no termina con el CAE y no condona totalmente las deudas estudiantiles. Asimismo, rechazaron que se mezclara la condonación con un financiamiento de la educación superior en el mismo proyecto.
Por otra parte, rechazaron que se eliminen las becas estudiantiles. También consideraron que esto no es un crédito sino un impuesto. Igualmente, señalaron que cerca del 40% de los jóvenes terminará pagando 3,5 veces lo que cuestan sus carreras y por 20 años. Junto a esto, estimaron que el FES es un retroceso y fomenta la segregación, ya que, arriesga la sostenibilidad financiera de las universidades con la eliminación del copago y el arancel regulado.
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, valoró que se coincida en la necesidad de terminar con el CAE. Dijo que este crédito significa una “carga fiscal de una enorme magnitud, que crece todos los años”. Esto, combinado con la gratuidad, “significa casi cerca de la mitad del gasto en educación”.
Agregó que el proyecto es una respuesta más manejable y eficiente con la responsabilidad fiscal. También mejora la recuperabilidad de los egresados, traspasando la cobranza al Servicio de Impuestos Internos y a la Tesorería General de la República. Detalló que es un fondo revolvente donde los egresados contribuyen de manera contingente al ingreso.
Votación
La idea de legislar se aprobó por 80 votos a favor, 51 en contra y 6 abstenciones. Luego, se sucedieron 75 votaciones para resolver el articulado. En dicho proceso, se rechazó una indicación renovada y se respaldó la totalidad de las normas, con la salvedad que, en tres casos, primó la redacción propuesta por la Comisión de Educación y no la de su par de Hacienda.
El primer bloque de disposiciones se relacionaron con la extensión de la obligación de pago. La Comisión de Hacienda había variado esta temática a la duración, pago anticipado y extinción de la obligación de pago. En este marco, el texto aprobado obliga a las y los beneficiarios al pago anual “por una cantidad de años equivalente a multiplicar por dos el número de semestres cursados que hayan sido financiados por el instrumento de financiamiento, con un tope máximo de veinte años”. También se establecen consideraciones especiales para becados y se regulan los plazos de la obligación de pago.
El segundo bloque refirió a la proposición de Hacienda de eliminar enmiendas de Educación a la Ley 21.091, sobre educación superior. Las correcciones aprobadas van en la línea de precisar en las normas relacionadas a gratuidad términos como PIB tendencial no minero y guarismos vinculados a éste. Igualmente, desvincula el mencionado beneficio en tanto las instituciones accedan al FES.
Finalmente, también en el contexto de la Ley 21.091, se apoyó el texto de Educación por sobre el de Hacienda en lo referente a los perfeccionamientos al apartado que regula la ejecución y celebración de actos y contratos. Se agregan o enmiendas facultades para las instituciones educacionales. Un ejemplo es la posibilidad de condonar, total o parcialmente, los intereses, reajustes, multas y gastos de cobranza respecto de deudas en favor de la
universidad.