La Comisión de Hacienda aprobó, tras dos sesiones de análisis, los artículos de su competencia en torno al proyecto (boletines 17246 y 17441) que busca mejorar la fiscalización y aumentar las sanciones por evasión del pago de tarifas en el transporte público remunerado de pasajeros.
La iniciativa se originó en una moción impulsada por el diputado Carlos Bianchi refundida con un mensaje del Ejecutivo en la Comisión de OOPP, Transportes y Telecomunicaciones, instancia que ya aprobó el texto, así como su par de Seguridad Ciudadana.
En el presente trámite de Hacienda, el grupo parlamentario revisó las materias financieras de la propuesta. Ellas dicen relación con el nuevo sistema de tarifa recargada para evasores y con un monto asignado para aumentar la fiscalización.
Para el análisis, la instancia contó con la participación del subsecretario de Transportes, Jorge Daza, y su equipo técnico. En su presentación en la sesión de ayer, recordó que la iniciativa nació en la discusión presupuestaria pasada. En dicha ocasión se expresó la preocupación por el 45% de evasión que existía en el Transantiago. De ahí que se estableció el compromiso de definir una propuesta que abordara el tema.
Comentó que, desde 2022 a la fecha, se han realizado múltiples acciones a través de un plan específico. Según informó, éste ha permitido bajar en un 9,3% el nivel al primer semestre de 2025. Recalcó que la idea es llegar a un 30% al dejar el Gobierno.
El plan para reducir la evasión
Según la presentación, el plan para reducir la evasión se basa en cinco pilares:
- Alternativas de pago al pasajero.
- Nuevo procedimiento administrativo de cobro de multa.
- Fortalecimiento de los efectos del Registro de Pasajeros Infractores (RPI).
- Seguridad.
- Mayor eficiencia del control.
Especificó que la tarifa recargada implica para el evasor pagar un monto mayor al habitual al momento de ser controlado. Esto le permitirá permanecer en el bus y evitar caer en el RPI, lo cual le traería una serie de limitantes y consecuencias. Acotó que el cargo se definirá en conjunto con el Ministerio de Hacienda y aseguró que no será inferior a 20 veces la tarifa normal.
Detalló que la implementación del registro de personas que paguen la tarifa recargada irrogará mayor gasto fiscal, asociado al desarrollo y mantención de dicho registro, por 40 millones de pesos, el primer año; y de 20 millones anuales, en régimen.
Mencionó que entre las personas habilitadas para constatar el no pago y notificar la infracción estarán efectivos de Carabineros, inspectores fiscales, municipales, personal de Metro, de EFE y de los prestadores. Ahora, estarán habilitadas para el cobro: inspectores municipales, personal de Metro, de EFE y de los prestadores.
Quejas desde regiones
La discusión al interior de la comisión excedió la esfera del presente proyecto. Es así que varios de los presentes expusieron, a modo de queja, la realidad del transporte público de sus respectivas regiones versus la de la región Metropolitana. De tal manera, criticaron los altos montos destinados para la capital en contraste a los derivados al resto del país.
Desde el oficialismo hubo voces que, si bien reconocieron la brecha, también valoraron los avances. En este plano recordaron que ciudades como Copiapó ya cuentan con un 100% de buses nuevos eléctricos y que otras zonas siguen un camino similar.
Al respecto, el subsecretario dijo que esperan terminar el Gobierno con más de 316 buses eléctricos en el país. Asimismo, indicó que está el acuerdo para que se llegue a más de 700 vehículos, entre 2026 y 2027, a través de los fondos de los gobiernos regionales.
Carlos Bianchi, en tanto, sostuvo que aún resta abordar en este proyecto las demandas de seguridad de los conductores.
Por otra parte, Ricardo Cifuentes estimó que no solo hay problemas de financiamiento, ya que existe la posibilidad de usar fondos regionales. Estimó que falta capacidad técnica y mejorar el sistema de gestión de tránsito.
De la votación
Hacia el final de la sesión del martes 19, el grupo parlamentario que encabeza Boris Barrera consideró necesario aclarar algunos puntos en torno al mencionado registro y a una indicación que buscaba hacerlo público. Por tal motivo, se suspendió la votación para la sesión de hoy (miércoles 20).
En la presente oportunidad, fue el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, quien aclaró las dudas. Explicó que la propuesta considera la creación de un nuevo registro con las personas que paguen la tarifa recargada, distinto al RPI, ya existente. El nuevo instrumento será de manejo interno del ministerio para efectos de constatar cuántas veces una persona accede a este beneficio, respecto del cual se impondrá un límite, para evitar abusos.
Respecto de la indicación, pidió no apoyarla porque este nuevo registro no representa una sanción, sino un elemento de gestión. Por otra parte, estimó que vulneraría la Ley de datos personales y la Constitución de hacerse público. En tal contexto, a nombre de los autores, el diputado Miguel Mellado retiró la propuesta de enmienda.
Muñoz especificó que el segundo aspecto que debía revisar la comisión refiere al RPI. Acotó que, dada la ampliación de las consecuencias que tendrá ingresar en él para las personas infractoras, será necesario asegurar la interconexión con las instituciones públicas relacionadas. Sobre el punto, recordó que los infractores, además de las limitantes vigentes, tendrán restricción de acceso a espectáculos de futbol profesional y al otorgamiento de la renovación de pasaporte y del permiso de residencia. Junto con esto, se aumenta la vigencia a cinco años.
Luego de la exposición, la comisión aprobó, en forma unánime, ambos artículos en una sola votación, despachando el texto a la Sala.