Controlar eficientemente el consumo de drogas en la administración pública es el objetivo del proyecto (boletines 16489 y 16539) aprobado en particular por la Sala de la Cámara y despachado a segundo trámite.
La iniciativa se aprobó en general el pasado 23 de abril. Luego, volvió a la Comisión de Gobierno Interior para un segundo informe tras ser objeto de indicaciones, las que se descartaron. Éstas fijaban los test de drogas cuatro veces al año.
El objetivo de la iniciativa -que refunde mociones de las legisladoras Paula Labra y Pamela Jiles, junto a Yovana Ahumada– es resguardar el principio de probidad. También, asegurar la eficiencia en la labor gubernamental. Esto, considerando el alto nivel de responsabilidad que tienen las autoridades políticas en la gestión y dirección del país.
La propuesta legal se sancionó en dos votaciones. La primera contó con 115 votos a favor y 17 abstenciones. La segunda, en tanto, que tenía normas de rango constitucional, obtuvo 115 votos a favor y 18 abstenciones.
En lo concreto, el texto establece que no podrá ser candidato a Presidente, senador, diputado, gobernador regional, consejero regional, alcalde ni concejal quien tuviese dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales. La excepción estaría dada en tanto se justifique su consumo por un tratamiento médico.
A su vez, para que el Servicio Electoral admita la candidatura, se deberá prestar una declaración jurada. En dicho documento se deberá acreditar no estar afecto a esta causal de inhabilidad. La declaración tendrá que ser acompañada de un examen médico que la respalde. El test deberá realizarse sobre la base de una muestra de cabello en un laboratorio que cuente con la autorización del Ministerio de Salud.
Asimismo, la iniciativa obliga a que el recinto donde se realice el procedimiento cumpla con los estándares internacionales pertinentes.
Inhabilidad de autoridades por dependencia de drogas
La propuesta legal señala que no podrá ser Presidente de la República quien tenga dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales. La justificación estará dada en que su consumo sea por un tratamiento médico.
La inhabilidad se extenderá también para diputados y senadores, ministros de Estado, subsecretarios, jefes superiores de servicios y directivos superiores de la administración del Estado. Igualmente, aplicará a delegados presidenciales regionales o provinciales, gobernadores y consejeros regionales, alcaldes y concejales.
Para garantizar la aptitud a los cargos se establece la obligación de prestar una declaración jurada que acredite que no se encuentra afecto a esta causal de inhabilidad. Además de un examen médico que lo acredite, en los mismos términos de lo requerido para las y los candidatos.
Sobre los resultados, estos procedimientos serán públicos y estarán disponibles en los sitios electrónicos institucionales respectivos. También, ordena realizarse un test, a lo menos, una vez al año, durante el ejercicio del cargo.
Para incluir todas estas normas se modifican diversos cuerpos legales. Entre ellos, la Ley 20.000 y las leyes orgánicas del Congreso Nacional, de Administración del Estado, de Gobierno y Administración Regional y la de Municipalidades.
Discusión legislativa
El segundo informe de la Comisión de Gobierno Interior lo rindió el diputado Fernando Bórquez, el pasado 9 de julio. Posteriormente, se dio paso a las intervenciones en dos sesiones de Sala.
La mayoría de las y los diputados valoraron la iniciativa, al estimar que resguarda la probidad de las autoridades y fortalece la confianza pública en las instituciones. En este sentido, estuvieron de acuerdo en limitar lazos con el narcotráfico y el crimen organizado a quienes representan a la ciudadanía, toman decisiones públicas y definen recursos.
También destacaron que se incluya al Presidente de la República y otras autoridades regionales y comunales, junto a directores de servicios en los test de drogas. Además, plantearon que estos controles sean sorpresivos y aleatorios.
Si bien para algunos este es “un gran paso” o “la vía correcta” para combatir el narcotráfico, desde el oficialismo se consideró a la iniciativa como un “maquillaje” o una “venta de humo brutal” para dar solución a la narco política.
De ahí que postularon la necesidad de abrir el secreto bancario, seguir la ruta del dinero y proteger a quienes enfrentan a las mafias. Asimismo, se pidió agilizar ese proyecto en la Comisión de Seguridad Ciudadana.
Finalmente, en forma transversal, surgieron voces que piden avanzar con otros proyectos de ley sobre control de drogas. Se busca así, incluir a todos los funcionarios públicos y a quienes trabajen con niñas y niños. También, que se sancione a quienes sustraigan estupefacientes de servicios de salud y de otras dependencias del Estado.
Participaron en la discusión Ana María Gazmuri, Cristián Araya, Pamela Jiles, Marta Bravo, Juan Carlos Beltrán, Frank Sauerbaum, Juan Antonio Coloma, Álvaro Carter, Diego Ibáñez, Danisa Astudillo, Yovana Ahumada, Francisco Undurraga, Rubén Darío Oyarzo, María Luisa Cordero, Marcos Ilabaca, Claudia Mix, Sara Concha, Daniel Lilayu, Renzo Trisotti, Félix González, Enrique Lee, Camila Flores, Leonidas Romero, Miguel Ángel Becker, Felipe Donoso, Joanna Pérez, Hugo Rey, Gael Yeomans, Sergio Bobadilla, Marcia Raphael, Jorge Rathgeb y Ximena Ossandón.