Recabar más antecedentes sobre la reciente fuga de tres reos de alta peligrosidad en la cárcel de Valparaíso fue el objetivo de la Comisión de Constitución. Para ello, la instancia recibió al ministro de Justicia, Jaime Gajardo; al subsecretario de la cartera, Ernesto Muñoz; y al director (S) de Gendarmería, Sebastián Urra.
El ministro Gajardo señaló que la fuga ocurrió porque “fallaron los controles internos de la cárcel”. Frente a esto, informó que, además de los sumarios internos, se hizo la denuncia ante el Ministerio Público para determinar si hubo o no comisión de delitos por parte de funcionarios del recinto.
Por su parte, el director de Gendarmería destacó que, el mismo día de los hechos, se removió completa la línea de mando del establecimiento.
Agregó que esta mañana se notificó la expulsión de la institución al coronel jefe de la unidad, a los jefes operativo y de sector, y a dos suboficiales. Además, se revisan procedimientos como allanamientos, estado de barrotes, cerrojos, mallas, cercos y techos, así como la labor de los centinelas.
Seguridad en la cárcel
El ministro, si bien reconoció la gravedad de la fuga en la cárcel de Valparaíso, destacó que estas son “muy excepcionales” en el sistema penitenciario. Para evitar nuevos episodios, explicó que se instruyó la renovación de cámaras de seguridad en los recintos, ya que las actuales no permiten visibilidad adecuada en condiciones de neblina.
Por otro lado, se fortalecerá la dotación de gendarmes en funciones de control y se coordinó con Carabineros el refuerzo de la seguridad perimetral en los establecimientos penitenciarios.
Pese a los incidentes recientes, el ministro explicó que las cifras muestran un avance en el control de los recintos penitenciarios. Mientras en 2020 se produjeron 108 desórdenes colectivos, con tres motines de alta connotación; en 2024 la cifra bajó a cuatro y, en lo que va de 2025, solo se ha registrado un evento de este tipo.
El ministro agregó que se avanza en un Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria, con proyectos en desarrollo en regiones como Antofagasta, Atacama, Coquimbo y Valparaíso. Este plan contempla más de 12 mil nuevas plazas hacia 2030, con énfasis en recintos de alta y máxima seguridad.
Sobrepoblación penitenciaria
El secretario de Estado detalló que el sistema penitenciario atiende actualmente a 155.432 personas, distribuidas en regímenes cerrado, abierto y postpenitenciario. Esto significa un aumento superior al 30% desde 2022, con más de 64 mil personas en régimen cerrado, lo que representa el alza más significativa desde 2010.
Gajardo explicó que la sobrepoblación es uno de los principales problemas estructurales del sistema. Desde 2012 no se ampliaban plazas, pero en 2022 comenzó un proceso de reapertura de establecimientos y construcción de nuevas unidades, que ha permitido sumar 2.500 plazas adicionales.
Además, sostuvo que la política penitenciaria debe ser entendida como una política de Estado, más allá del gobierno de turno. Recalcó que la presión sobre las cárceles es hoy una de las más altas en la historia reciente, con un uso de la capacidad en régimen cerrado que alcanza un 140,7% a nivel nacional y que, en Valparaíso, supera el 190%.
Debate parlamentario
Durante la sesión, diputadas y diputados expresaron preocupación por las fugas y las fallas en el sistema de control. Desde la oposición, se cuestionó el funcionamiento de las cámaras de seguridad y la falta de inversión proporcional al riesgo de la población penal.
En la misma línea, desde el oficialismo se señaló la necesidad de modernizar Gendarmería, considerando que gran parte de su dotación realiza labores administrativas. Asimismo, se llamó a investigar y prevenir posibles vínculos de funcionarios con el narcotráfico.
Lo que sí fue valorado transversalmente fue la destitución de los funcionarios de la cárcel de Valparaíso.