La ministra de Defensa, Adriana Delpiano, asistió a la comisión investigadora sobre la fiscalización de licencias médicas en el sector público. En la oportunidad, la secretaria de Estado afirmó que a fines del mes de agosto debe estar concluida la investigación al interior de las FFAA.
Delpiano expuso las medidas que adoptó la cartera luego del informe de la Contraloría, que involucró a funcionarios y funcionarias de las Fuerzas Armadas que, entre 2023 y 2024, habrían viajado al extranjero mientras se encontraban con licencia médica.
En estos casos, dentro de las 72 horas siguientes a la recepción de la nómina de funcionarios, se instruyeron los procesos disciplinarios cuya etapa de investigación debe estar concluida al finalizar el mes de agosto.
“Ahí se iniciará el proceso de los descargos o de las situaciones en particular que puedan haber surgido”, puntualizó la ministra.
Asimismo, aseguró que existe una diferencia entre las cifras iniciales que se dieron y las que finalmente se tienen. Esto porque el informe de Contraloría, entre el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea detectó 720 casos. Pero, incluye a funcionarios en servicio activo y en retiro. En ese plano, la ministra Delpiano aclaró que los procesos disciplinarios afectan únicamente a los funcionarios activos.
En ese sentido, precisó que el universo de investigaciones iniciadas es de 602 personas y que los casos se concentran en la región Metropolitana, Arica y Punta Arenas.
Por otro lado, dijo que, si bien las indagatorias están en curso, se requiere la información que tiene que proporcionar la Policía de Investigaciones. “Eso está en proceso, ya se pidió y tiene que llegar”, acotó.
En la misma sesión, el grupo parlamentario escuchó al Jefe del Estado Mayor del Ejército, Rodrigo Pino y a los comandantes en jefe de la Armada, Fernando Cabrera, y de la Fuerza Aérea, Hugo Rodríguez.
Sumarios sobre licencias médicas
Tras las exposiciones, el grupo parlamentario realizó una serie de consultas sobre los sumarios y los procesos investigativos que se estarían llevando a cabo.
El diputado Héctor Ulloa manifestó la necesidad de que el Consejo de Defensa del Estado intervenga, con el fin de lograr la restitución de los los fondos pagados. Al mismo tiempo, el parlamentario calificó la situación como “escandalosa” y advirtió que no puede quedar impune.
En tanto, el diputado Daniel Lilayu exigió conocer el estado de los sumarios, las acciones emprendidas y los protocolos diseñados.
Por su parte, el diputado Jaime Sáez enfatizó en la urgencia que requiere conocer en detalle el estado actual de los procesos disciplinarios. También, el establecimiento de medidas preventivas claras para evitar que se cometan más abusos.
Por último, la diputada Javiera Morales señaló que, aunque la instancia no cuenta con la potestad sancionatoria, es importante conocer cómo avanzan los sumarios y cuál ha sido la respuesta institucional.
La instancia espera recibir para una próxima sesión al ministro de Seguridad Pública y a los directores de la PDI, Carabineros y Gendarmería de Chile. Ello con el propósito de conocer los casos que restan y que corresponden a dichas instituciones.