Preocupación por la falta de atención en salud mental para los afectados por el megaincendio de la región de Valparaíso, de febrero de 2024, fue uno de los puntos abordados en las sesiones de la Comisión investigadora del proceso de reconstrucción.
A la instancia fiscalizadora asistió la ministra de salud, Ximena Aguilera, quien entregó el detalle de las acciones de respuesta inmediata que desarrolló la cartera tras esta tragedia.
Así, destacó que hubo 885 atenciones de primera ayuda sicológica e intervención de crisis en el mes de febrero de 2024, y luego más de 10 mil consultas hasta el mes de octubre del citado año. A eso se sumaron las atenciones de gran quemado para 37 víctimas, fiscalización de albergues, inmunización y recuperación de establecimientos de salud también afectados por el incendio.
La mayoría de los diputados presentes cuestionaron estas cifras. Al respecto, aseguraron que la falta de atención en materia de salud mental es una de las principales quejas que han expresado los damnificados. Por ejemplo, denunciaron recibir solo una atención sin mayor seguimiento.
Sobre el punto, la ministra Aguilera aclaró que estas cifras corresponden a las estadísticas de atenciones registradas en el sistema del Minsal. Asimismo, que el proceso incluye el tamizaje para pesquisar casos más graves que requieren atención prioritaria.
Frente a esto, los legisladores llamaron a la autoridad a informar si existen planes de atención continua y la estrategia para abordar la crisis en salud mental que afecta a los damnificados.
Donación de viviendas
En la sesión previa, la comisión recibió nuevamente al ministro de Vivienda, Carlos Montes, que prosiguió respondiendo consultas de las y los legisladores (ver presentación).
Uno de estas fue aclarar si existió o no una donación de viviendas por parte de la Cámara Chilena de la Construcción, para el proceso de reconstrucción.
Montes informó que no existió donación sino un listado de inmuebles, ubicados en los sectores o comunas cercanas, para su adquisición. Esto se coordinó como iniciativa del propio ministerio. Agregó que se consultó a las personas afectadas que contaban con subsidios adjudicados previo al incendio, ya que cabe recordar que el fondo especial de reconstrucción se aprobó recién en el mes de agosto.
Del mismo modo, indicó que las viviendas tenían diferentes valores y se conversó en forma separada con cada empresa, no llegando a acuerdo en los precios en todos los casos. Finalmente, hizo entrega de los antecedentes de la investigación sumaria realizada sobre el particular.
Por su parte, Andrés Celis, presidente del grupo fiscalizador, sostuvo que la Cámara Chilena de la Construcción también reconoció que no hubo donación comprometida.
Ejecución de medidas
Finalmente, la comisión, que está ad portas de concluir su investigación, recibió de parte de la contralora general de la república, Dorothy Pérez, un informe sobre la ejecución del Plan de Reconstrucción, aprobado por el Comité de Ministros.
En este caso en específico, indicó que dicho plan incluyó 166 medidas, 34 de las cuales tenían como plazo de ejecución el año 2024. Pero, el informe concluye que según lo informado por el Gerente Técnico de la Reconstrucción, ninguna se cumplió en su totalidad: 11 medidas presentaban 0% de avance o sin plan, y otras 10 medidas figuran con un avance inferior al 28% durante el 2024.
Las restantes medidas, aparecen con mayores grados de cumplimiento. Además, el Gerente de Reconstrucción informó que la replanificación de plazos la decidieron los servicios públicos involucrados.
Sin embargo, la contralora reseñó en su presentación, que “no consta que las decisiones de reprogramar unilateralmente las medidas hayan sido formalizadas por la máxima autoridad de cada entidad pública, a través un acto administrativo fundado, ni que los nuevos plazos hayan sido aprobados por el Comité de Ministros”.