La Corte Suprema dictó dos nuevas condenas en investigaciones por violaciones a los derechos humanos, ocurridas en el país entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, que fueron investigadas por ministros en visitas designados para indagar los hechos.
En el primer caso (causa rol 9474-2009), en fallo dividido, los ministros de la Segunda Sala del máximo tribunal -Nibaldo Segura, Jaime Rodríguez, Rubén Ballesteros, Hugo Dolmestch y Carlos Künsemuller- determinaron sanciones por el homicidio de Fernando Iribarren González, ocurrido el 7 de febrero de 1983, en la Región Metropolitana.
Los magistrados determinaron las siguientes sanciones:
–Aquiles González Cortés: 5 años de presidio. Se concedió el beneficio de la libertad vigilada.
–Claudia Sanhueza Sanhueza: 5 años de presidio. Se concedió el beneficio de la libertad vigilada.
El fallo se adoptó con la opinión contraria de los ministros Segura y Ballesteros, quienes fueron partidarios de acoger la prescripción de la acción penal.
En el segundo caso (causa rol 2118-2010), en fallo unánime, los ministros Nibaldo Segura, Jaime Rodríguez, Rubén Ballesteros, Hugo Dolmestch y Carlos Künsemüller, dictaron sentencia definitiva en la investigación por el secuestro calificado de Sergio Riffo Ramos, ocurrido a partir del 27 de febrero de 1974.
En este caso se sanción a las siguientes personas:
–Manuel Contreras Sepúlveda: 5 años y un día de presidio. Sin beneficios.
–Pedro Espinoza Bravo: 5 años y un día de presidio. Sin beneficios.
–Marcelo Moren Brito: 5 años y un día de presidio. Sin beneficios.
–Miguel Krasnoff Martchentko: 5 años y un día de presidio. Sin beneficios.
En esta causa, además, se determinó que los condenados Contreras y Moren deben cancelar la suma de $20.000.000 (veinte millones de pesos) a la querellante Blanca Ramos Aranda, como indemnización por daño moral.