Ministro Haroldo Brito investigará responsabilidad funcionaria en Tercer Juzgado de Familia
El Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago determinó nombrar al ministro Haroldo Brito Cruz para que investigue eventuales irregularidades en el Tercer Tribunal de Familia, en relación al homicidio de Katherine Casas-Cordero.
El tribunal de alzada analizó -en su sesión del lunes 8 de octubre- el informe de la fiscal judicial Marta Jimena Pinto Salazar, el que fue remitido por la Corte Suprema el viernes pasado.
El documento, de 54 páginas, realiza un extenso análisis de las condiciones de funcionamiento de los Tribunales de Familia en el país, contexto en el cual sitúa la actuación del Tercer Juzgado de Familia en el caso que ameritó el informe.
En sus conclusiones señala que “en esta etapa de la investigación y en el marco de la normativa jurídica analizada, ante la realidad que muestra el estado de la implementación de la Reforma de Familia, es parecer de quien informa, que no es posible centrar la responsabilidad ni en un tribunal de la primera instancia como es el que se ha investigado ni en dos de sus Magistradas, que no tuvieron ninguna posibilidad de acción o intervención en dicha implementación y que han desempeñado la jurisdicción con la orientación, los medios y recursos que el sistema de justicia les ha proporcionado y han tenido la productividad que se mide en la información estadística exhibida, durante todo el tiempo que han asumido sus funciones”.
Sin perjuicio de lo anterior, y dado que el informe de la Fiscal Pinto no constituye una investigación disciplinaria, la Corte de Apelaciones de Santiago determinó instruir al ministro visitador del tribunal para que indague las eventuales faltas que se pudieran detectar en la forma en que se llevó el proceso.
En otro tema de interés público, se determinó aprobar el informe de la investigación administrativa realizada por el ministro Manuel Antonio Valderrama en contra del Archivero Judicial (S) de Santiago, Fernando Castillo Aguirre. El funcionario fue sancionado con una medida disciplinaria de amonestación privada luego de que se determinara que incurrió en irregularidades al mantener encerrada en una oficina a una periodista del diario El Mercurio.