Corte Suprema designa Comisión para conversar con Ministerio de Justicia
En el pleno de hoy viernes, la Corte Suprema designó a un grupo de ministros, para que estudien en conjunto con el Ministerio de Justicia los temas pendientes, que se le hicieron presente luego de la Jornada Anual de Reflexión.
Los ministros designados son Milton Juica, Rubén Ballesteros, Patricio Valdés y Pedro Pierry.
Asimismo, se dio a conocer el contenido de la respuesta enviada por el Pleno al Ministro de Justicia el martes recién pasado.
El texto de la carta es el siguiente:
ACUERDO SOBRE RESPUESTA DEL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA, A LAS CONCLUSIONES DE LAS JORNADAS DE ESTUDIO DE LA CORTE SUPREMA
Luego de analizar la respuesta de ese Ministerio de Justicia a su comunicación de fecha 19 de diciembre pasado, esta Corte Suprema ha acordado expresar a V.S. su frustración ante los términos de la extensa nota de esa Secretaria de Estado.
Lamentablemente, más allá del manejo de datos, cifras y plazos y de referencias a los esfuerzos y gastos efectuados en los últimos años en la reforma procesal penal, las observaciones del Ministerio confirman que los planteamientos que le formuló esta Corte sobre los graves problemas que afectan actualmente a la Justicia, tienen pleno asidero en la realidad de los hechos.
En esa respuesta tampoco se indica alguna acción concreta para avanzar en la solución de tales situaciones.
Existen, empero, algunos aspectos del oficio del Ministerio que dan lugar a las siguientes rectificaciones y alcances:
a) Nunca existió un proyecto impulsado o acogido por la Corte Suprema ni la Corporación Administrativa del Poder Judicial, para fusionar tribunales de la Región Metropolitana en cinco o cuatro grandes tribunales de Garantía o de Juicio Oral.
La verdad es que en la Comisión de Coordinación Técnica de la reforma procesal penal, personeros del Ministerio hicieron una propuesta de esa índole, en cuyo análisis intervinieron inicialmente funcionarios de la Corporación Administrativa que integraban la Comisión. Pero, una vez que las autoridades superiores de este Organismo tuvieron conocimiento de la iniciativa, ella se descartó de plano al punto que ni siquiera se trató en su Consejo. Porque la fusión planteada congestionaría inevitablemente el trabajo de tribunales que funcionaban sin mayores tropiezos, a diferencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, cuya envergadura entraba su actividad, lo que llevó, precisamente, a que esta Corte Suprema recabara la creación de una nueva Corte en la jurisdicción, de modo que establecer cuatro “megatribunales” criminales en la Región contradecía la experiencia y una lógica elemental.
b) La Corte Suprema ciertamente no ha cuestionado, ni podría hacerlo, que la creación o supresión de los cargos de jueces es materia de ley, es decir, de decisión de los otros Poderes del Estado, como sucedió con todos los empleos de la reforma procesal penal. Lo que si ha observado es que en los nombramientos para proveer esos cargos constitucional y legalmente intervienen esta Corte y las Cortes de Apelaciones, de suerte que el ejercicio de sus facultades no puede condicionarse a informes de organismos administrativos, como lo dice el artículo 2° transitorio del proyecto que refuerza la Justicia de Familia.
c) La Corte Suprema no puede sino reconocer que el gasto efectuado por el Estado en las reformas procesal penal, de familia y laboral ha sido considerable y ha abultado el presupuesto judicial. Sin embargo, debe destacar que la inversión de ese gran volumen de recursos vino a morigerar el estado deficitario en que permanecieron durante largo tiempo todos los tribunales del país, y que se manifiesta todavía, en la desmedrada situación de los numerosos juzgados mixtos a cuya preterición se refirió su comunicado anterior.
Ello, aparte que mas que favorecer a los tribunales reformados, tales inversiones han tenido como beneficiarios finales a las personas a quienes el Estado debió siempre, y debe facilitar, un acceso digno a una Justicia eficiente y oportuna.
d) Por otro lado, la supuesta falta de visión que se atribuye a esta Corte Suprema respecto de los alcances de la modernización de la Justicia, contrasta con el reiterado reconocimiento de personeros de los Gobiernos y Ministros de Justicia anteriores, acerca del rol que cumplieron significativamente la Corte Suprema y el personal judicial en la preparación, puesta en marcha, implementación, coordinación y seguimiento de todas las reformas que han afectado a este Poder estatal y que ha sido factor esencial en el buen éxito logrado en algunas de ellas.
Tal aserto de la respuesta ministerial ignora igualmente la eficaz labor cumplida por la Corporación Administrativa del Poder Judicial, bajo la dirección de la Corte Suprema, no solamente en el oportuno y cabal apoyo logístico, equipamiento informático y procedimientos computarizados esenciales en la aplicación de las reformas, sino en la solución, de manera creativa y económica, de diversos problemas derivados de vacíos y carencias de las normativas que las establecieron, v. gr., en los sistemas de audio para el registro de audiencias orales, notificaciones y comunicaciones.
Esta actividad judicial permitió detectar y corregir los errores y falencias de las reformas, cuando ello estuvo al alcance del Poder Judicial, así como representar oportunamente los atrasos, debilidades y carencias de que ellas adolecieron, especialmente las relativas a la Justicia de Familia, de Cobranza Previsional y del Trabajo.
e) La llamada “Mesa Judicial” fue una instancia de trabajo convocada a fines del 2003 por el Ministro don Luis Bates, en la que participaron el Subsecretario de Justicia y los Jefes de las Divisiones Jurídica y Judicial, entre otros funcionarios del Ministerio y se constituyó con distinguidos juristas de la categoría de don Pablo Ruiz Tagle, don Carlos Peña, don Orlando Poblete, don Ricardo Rivadeneira y don Lucas Sierra, además de don Juan Enrique Vargas, Director Ejecutivo de CEJAS y seis Ministros de esta Corte Suprema y contó con el aporte que hicieron los Presidentes del Colegio de Abogados y de la Asociación Nacional de Magistrados y el entonces Director de Presupuestos del Ministerio de Hacienda.
Como resultado de los estudios de la Mesa, se prepararon diversos proyectos de ley, con miras a avanzar en varios rubros de la modernización del Poder Judicial, cuyo Mensaje al Congreso Nacional se suscribió en una ceremonia pública realizada en el Palacio de La Moneda en enero del 2005, en la que se destacó la significación y calidad de la labor cumplida por todos los partícipes en la Mesa Judicial.
De allí que resulte sorprendente y desalentadora la información que contiene la respuesta del Ministerio, respecto a que todos esos trabajos y los mismos proyectos de ley que durante el año 2005 experimentaron avances en su tramitación legislativa, hayan pasado a ser sólo la base de una revisión que llevaría a cabo esa Secretaría de Estado, con la colaboración de otros catedráticos.
f) Más positivas son las afirmaciones que se consignan en el oficio del Ministerio de Justicia acerca de que los establecimientos que integran la red del Servicio Nacional de Menores están en condiciones de recibir a todos los menores que sean objeto de medidas de protección y que, a su turno, la Corporación de Asistencia Judicial puede asumir la defensa de todas las personas que necesiten asesoría legal en asuntos de familia. Ambas situaciones generaban serios problemas, ajenas a los tribunales, que dificultaban la reforma de la Justicia de Familia, de modo que como consecuencia de estas informaciones, los tribunales podrán desde ahora proceder a derivar directamente al Servicio Nacional de Menores a quienes requieran de las mencionadas medidas y liberar a los abogados de turno de la carga de prestar sus servicios a las personas que necesiten de patrocinios letrados en materias de familia.
Sobre la base de estas consideraciones, la Corte Suprema debe renovar sus inquietudes en torno a los problemas consignados en su comunicación anterior, frente a la respuesta del Ministerio de Justicia. Estima, al afecto, que la gravedad y urgencia de las situaciones señaladas por este Tribunal no requieren de mayores estudios o evaluaciones ni de nuevas postergaciones, sino de acciones definidas y oportunas.
En este sentido, la anunciada postergación de la aplicación de la reforma de la Justicia Laboral, haría que dejaran de utilizarse las sumas de M$6.600.000 gastados en obras de infraestructura y de M$140.000 por concepto de arrendamientos mensuales de inmuebles destinados a esa reforma, al margen de los desembolsos realizados en recursos humanos, bienes muebles, informática y otros rubros.
Con todo, esta Corte Suprema se permite señalar al señor Ministro la conveniencia y necesidad de establecer en un término prudencial un procedimiento de trabajo y colaboración mutua, para abordar en conjunto la solución de todos los asuntos enunciados en su comunicación, porque así lo requieren las necesidades impostergables de la ciudadanía y del Poder Judicial en estas materias.-