La Corte de Apelaciones de Santiago dictó sentencia de segunda instancia en la investigación por los secuestros calificados de los ciudadanos uruguayos: Ariel Arcos Latorre; Juan Povaschuck Galeazzo y Enrique Pargadoy Saquieres, detenidos desaparecidos desde septiembre de 1973, en el sector del Cajón del Maipo.
En fallo dividido (causa rol 47-2013), los ministros de la Segunda Sala del tribunal de alzada Juan Cristóbal Mera, Jessica González y el abogado integrante Ángel Cruchaga condenaron a 6 años de presidio a los funcionarios del Ejército en retiro: Mateo Durruty Blanco, Lander Uriarte Burotto, Gabriel Montero Uranga, Francisco Martínez Benavides, Moisés Retamal Bustos y Guillermo Vargas Avendaño.
De esta forma el tribunal de alzada modificó la sentencia del ministro en visita Joaquín Billard quien, el 10 de septiembre de 2012, había condenado sólo a Durruty Blanco por los secuestros de los ciudadanos extranjeros.
La resolución se tomó con el voto en contra del ministro Juan Cristóbal Mera, quien estuvo por confirmar el fallo de primera instancia.
Según quedó asentado en el proceso: “Se ha logrado establecer que a fines de mes de septiembre de 1973, personal de la Subcomisaria de Carabineros de San José de Maipo, detuvo al interior de una mina abandonada del sector cordillerano de dicha comuna, a cuatro ciudadanos de nacionalidad uruguaya, dos mujeres y dos hombres, los que fueron llevados a la unidad policial y luego trasladados hasta el Regimiento Ferrocarrileros de Puente Alto. Horas más tarde, fueron detenidos otros dos ciudadanos uruguayos, que pertenecían al mismo grupo anterior, quienes habían salido a realizar un reconocimiento del terreno para huir hacia Argentina por algún paso cordillerano; los que también fueron ingresados a la Unidad Militar, lugar en donde se les sometió a interrogatorios y torturas. Que luego de permanecer un tiempo indeterminado en el Regimiento de Ferrocarrileros de Puente Alto, fueron subidos a un bus que supuestamente los trasladaría hasta el Estadio Nacional, sin embargo, un funcionario de Ejército ordenó que tres de los siete ciudadanos uruguayos fueran bajados del vehículo, desconociéndose hasta la fecha su actual paradero”.